El PSOE denuncia por revelación de secretos a ‘The Objective’ ignorando que el Constitucional da prioridad a la información aunque sea reservada

El partido considera que The Objective publicó la información «con pleno conocimiento y conciencia de que la misma proviene de un expediente judicial declarado secreto», lo que le implicaría también como partícipe en el delito

El Partido Socialista ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción por presunta revelación de secretos, al entender que un funcionario público filtró al medio digital The Objective información confidencial de una pieza judicial declarada secreta que investiga pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

La denuncia fue presentada el 16 de junio de 2026. Con esta denuncia, dirigida contra el citado periódico y contra el funcionario que haya podido realizar la filtración y que obviamente nunca se sabrá porque los periodistas tienen otorgado el secreto profesional es un nuevo intento del PSOE para amordazar a la prensa. La doctrina del Constitucional es clara. En caso de revelación de secretos o de un sumario secreto tiene responsabilidad el funcionario público que cometa la acción. Al periodista lo ampara la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que da prioridad al derecho a la información sobre el secreto, y más aún en casos como este, donde un partido y su cúpula están enfangados en lodo por corrupción. Prevalece, pues, el derecho a la información aunque lo que se cuente este secreto.

El escrito de denuncia del PSOE, fechado en Madrid el 16 de junio de 2026, tiene su origen en dos reportajes publicados por The Objective. El primero, del 11 de junio, bajo el título «La UCO detecta 52 facturas falsas del PSOE en la causa de la financiación irregular», incluía capturas de pantalla de una hoja Excel con el epígrafe «Facturas de gastos de la trama que han sido pagadas por el PSOE» y se atribuía expresamente a «fuentes de la investigación». El segundo, del 14 de junio, titulado «El PSOE pagó al menos 15.000 euros mediante facturas falsas de un mismo restaurante», reproducía también imágenes de documentos de la investigación, incluido un oficio del Tribunal de Cuentas y dos facturas.

Ambos reportajes remiten, según el PSOE, a la Pieza Separada 65/23-0009-P —la llamada «pieza 9»— que el Juzgado Central de Instrucción n.º 2 del juez Ismael Moreno incoó el 31 de octubre de 2025 y declaró secreta mediante auto de 17 de diciembre de 2025. La pieza investiga «ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico» efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024. El secreto se mantiene vigente a día de hoy mediante sucesivas prórrogas.

El escrito recuerda que fue el propio PSOE quien aportó la documentación requerida por el juzgado —a instancias de la Fiscalía Anticorrupción— y quien solicitó el tratamiento reservado, precisamente «en consideración al carácter reservado de la documentación aportada por el PSOE», como recoge el propio auto. El partido considera que The Objective publicó la información «con pleno conocimiento y conciencia de que la misma proviene de un expediente judicial declarado secreto», lo que le implicaría también como partícipe en el delito.

La denuncia concluye solicitando a la Fiscalía que investigue los hechos como un delito de revelación de secretos por funcionario público (art. 417 CP), y advierte de que, en función del daño que cause a la investigación, podría apreciarse la forma agravada del delito prevista en el párrafo segundo del mismo artículo