El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber ejercido cualquier tipo de influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Según han indicado fuentes jurídicas, Zapatero ha declarado como investigado en el conocido como ‘caso Plus Ultra’, causa en la que se analizan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas a la compañía aérea.
El expresidente ha defendido durante su comparecencia que no tuvo participación ni capacidad de influencia en la decisión del rescate, que el Gobierno aprobó en el contexto de la crisis económica provocada por la COVID-19. Su declaración continúa ante el magistrado instructor.
Zapatero ha llegado a las 8:48 horas a la sede de la Audiencia Nacional, accediendo por la puerta principal del edificio, utilizada habitualmente por jueces, tras una petición de Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad que fue autorizada por el tribunal.
El juez José Luis Calama le investiga por su presunta implicación en una supuesta estructura organizada de tráfico de influencias destinada a la obtención de beneficios económicos en favor de terceros relacionados con el rescate de Plus Ultra.
Además, el expresidente deberá responder por el origen de unas joyas halladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un registro en su despacho, cuyo valor preliminar se estima en 1,3 millones de euros, y que podrían estar relacionadas con presuntos delitos fiscales y de contrabando.
La investigación permanece abierta mientras el magistrado continúa con la toma de declaraciones en la causa.
Asimismo, la Fiscalía solicitó al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, la adopción de medidas cautelares contra Zapatero mientras continúa la investigación. Entre ellas, pidió la retirada de su pasaporte, la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial y la prohibición de abandonar España sin autorización previa, al considerar necesario garantizar su disponibilidad durante la instrucción de la causa.
Sin embargo, el magistrado rechazó la petición del Ministerio Público y descartó imponer cualquier medida cautelar al expresidente, por lo que podrá seguir desplazándose con normalidad mientras avanza la investigación judicial.