El exjuez Baltasar Garzón ha criticado con dureza el tratamiento público y judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha definido como víctima de una “muerte civil” tras su imputación en la investigación del caso Plus Ultra por presunto tráfico de influencias.
En una entrevista con motivo de la presentación de su libro La democracia amenazada, Garzón ha asegurado que la situación del exmandatario y su entorno está generando un daño difícil de reparar y ha reclamado mayor prudencia en la fase de instrucción judicial. A su juicio, una imputación no puede tratarse como una condena, ya que el procedimiento aún está en desarrollo.
El exmagistrado ha insistido en que en esta etapa del proceso “no se puede hablar de corrupción de forma categórica” y ha recordado que los hechos todavía deben ser analizados en profundidad, con posibilidad de confirmarse o descartarse los indicios existentes.
Garzón también ha cuestionado el uso del lenguaje en este tipo de casos y ha advertido de que determinadas afirmaciones públicas pueden generar una percepción social irreversible antes de que exista una resolución judicial firme.
Además, ha defendido la necesidad de regular las actividades de los expresidentes del Gobierno para evitar conflictos de interés o situaciones ambiguas tras dejar el cargo, proponiendo un marco normativo específico para su actividad pública y profesional.
En otro punto de la entrevista, Garzón ha analizado la corrupción política en España y ha establecido diferencias en el tratamiento de distintos casos, señalando que, en su opinión, algunos procesos han sido abordados con mayor contundencia mediática que otros.
Asimismo, ha criticado la falta de reconocimiento de responsabilidades en algunos partidos políticos y ha instado a asumir los casos de corrupción “propia” sin utilizar el debate político como herramienta de confrontación.
Por último, el exjuez ha alertado sobre el riesgo que, a su juicio, supondría para la democracia española la entrada de la extrema derecha en un hipotético gobierno de coalición futuro, defendiendo la necesidad de proteger los derechos consolidados y mantener la estabilidad institucional.