La defensa de Leire Díez pide anular el registro de Ferraz y acusa a la UCO de usar material expurgado de sus teléfonos

El escrito presentado ante la Audiencia Nacional exige que la investigación se ciña al periodo 2021-2023 y denuncia el uso de pruebas posteriores para justificar el operativo

La defensa de Leire Díez ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita formalmente la anulación del registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz, el pasado miércoles. La letrada defensora, Eva Bejarano, argumenta que los indicios que motivaron dicha intervención policial, así como otras diligencias, proceden de los teléfonos móviles de su representada. Sin embargo, sostiene que dicho material informático debía ser expurgado por orden expresa del juez instructor.

El origen del caso se remonta a una investigación liderada por el juez Santiago Pedraz sobre una supuesta trama de corrupción en la SEPI entre los años 2021 y 2023, en la que Díez estaría implicada. No obstante, el análisis de los mensajes intervenidos a la investigada —tras su detención en diciembre con la incautación de sus dispositivos y los de su marido— destapó una segunda trama en 2024. Esta nueva línea de investigación estaría supuestamente enfocada a «desestabilizar» causas judiciales perjudiciales para el PSOE y el Gobierno, un ámbito que la defensa considera ajeno al proceso inicial.

Con el fin de acotar las pesquisas, la representación legal de Díez solicitó en febrero «el expurgo de todas las actuaciones, diligencias, documentos y cualquier tipo de información que corresponda a un periodo temporal distintos de los años 2021-2023». Del mismo modo, la abogada reclamó dejar fuera del procedimiento judicial «toda la información personal, profesional o de cualquier otro tipo» que los agentes de la UCO hallaran en los terminales y que careciera de relación directa con los hechos delictivos que motivaron la apertura de la causa.

Apertura de una pieza separada

Como consecuencia de esta petición, la Audiencia Nacional acordó el 4 de marzo la apertura de una pieza separada y reservada para el expurgo. Según expone el escrito de la defensa, el propio magistrado ordenó de forma taxativa a la Guardia Civil que se abstuviera de «utilizar el contenido» de los teléfonos móviles «en tanto que no se haya realizado un expurgo de su contenido». La letrada Bejarano denuncia que el instituto armado quebrantó este mandato judicial al apoyarse precisamente en el material protegido para recabar los indicios que sirvieron para justificar el asalto a Ferraz.

Para fundamentar su reclamación, el recurso de la defensa insiste en que «el auto de 26 de mayo de 2026 [en el que se acuerda la entrada en la sede del PSOE] justifica la entrada y registro en base a actuaciones e información recabada expresamente de documentos y archivos objeto de expurgo». Para demostrarlo, Bejarano detalla en su documento múltiples citas textuales extraídas de la propia resolución del juez Pedraz, las cuales evidencian de forma clara que se investigaron hechos posteriores a 2023 y que se emplearon mensajes privados fechados a partir de 2024.