La fiscal ve prescrito el delito de aceptación de David Sánchez y defiende la «imparcialidad» de la jueza de instrucción

El Ministerio Público pide excluir al hermano del presidente del Gobierno de la causa al considerar que el cargo es un delito leve que ya ha caducado

La sesión de cuestiones previas por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha arrancado este jueves en la Audiencia Provincial con un giro favorable para los acusados. La fiscal del caso, Begoña García Boró, ha respaldado la petición de la defensa del hermano del presidente del Gobierno al considerar que el delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se le acusa ha prescrito, por lo que solicita su exclusión del juicio.

La representante del Ministerio Público ha argumentado que dicho delito está castigado únicamente con una pena de multa de tres a ocho meses. Al tratarse jurídicamente de un delito leve, el plazo de prescripción legal se establece en tan solo un año. Además, la fiscalía ha subrayado que este ilícito penal no puede ser cometido por una sola persona de forma independiente, y que en el escrito de acusación no se aprecia una continuidad delictiva clara que justifique mantener el cargo.

Por otro lado, García Boró ha apoyado de forma parcial la impugnación del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La fiscal ha señalado que Gallardo ha sufrido una «acusación sorpresiva y extemporánea» en el escrito de conclusiones respecto a la creación de otro puesto de trabajo, un hecho por el que nunca fue oído ni adquirió formalmente la condición de investigado durante la fase de instrucción previa.

«Se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa»

Ante esta situación, la fiscalía considera que «se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa» de Gallardo, por lo que ha solicitado formalmente al tribunal de la Audiencia Provincial la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral en lo que a este aspecto concreto se refiere. La fiscal ha recordado la importancia de cumplir estrictamente los plazos del proceso penal para evitar acusaciones imprevistas que dejen desprotegidos a los implicados.

En la cruz de la moneda, la fiscal ha cerrado filas con el juzgado de instrucción al rechazar que se haya llevado a cabo una «investigación prospectiva» o general contra el hermano del presidente del Gobierno. García Boró ha defendido la total legalidad del procedimiento y de la obtención de los correos electrónicos incriminatorios, al tiempo que ha manifestado que no tiene «ninguna duda acerca de la imparcialidad y objetividad» de la jueza instructora Beatriz Biedma ante las sospechas vertidas por las defensas.