El juez sitúa a Cerdán al frente de una trama para «desestabilizar» investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE

27 de mayo de 2026
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Santos Cerdán junto a uno de sus abogados tras salir de la cárcel de Soto del Real. | EP

El magistrado Santiago Pedraz sospecha que se ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria que dijo entregar 90.000 en Ferraz para cambiar su versión

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz investiga una presunta «trama» creada para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el «punto de inflexión» fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez atribuye un «papel superior» al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que «habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones».

Unas actuaciones, agrega Pedraz, que son «penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno».

El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, «pocos días después» de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, el presidente del Gobierno publicó la denominada como Carta a la Ciudadanía, en la que «se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión».

Según añade, «es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid» y que tuvo lugar el día 26.

«Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada», señala, para añadir que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que «además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías», tiene como «objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno».

Pedraz pone el foco en «pagos sin revelar el ordenante de los mismos» y que se habrían utilizado sociedades de los investigados con «el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez».

Pago de 50.000 euros a Carmen Pano

Por otro lado, Pedraz afirma que hay indicios de que la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria imputada en el caso hidrocarburos que aseguró en sede judicial haber realizado una entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, «con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical».

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Pedraz detalla el funcionamiento de una presunta trama dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para «desestabilizar» investigaciones judiciales que pudieran afectar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Carmen Pano ratificó en distintas instancias judiciales que llevó 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz en octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, y que lo hizo en dos entregas de 45.000 euros en bolsas.

El magistrado sospecha que la presunta organización, que habría ofrecido «remuneraciones» a fiscales, guardias civiles y fiscales a cambio de «información» que pudiera obstaculizar procesos judiciales que cercaran al Gobierno, «también centró sus actuaciones» sobre Pano, «a la que habrían llegado a ofrecer una cuantía de 50.000 euros» con el objetivo de cambiar su declaración, que en un primer momento había trascendido únicamente a la prensa.

«Pano se encontraba citada para volver a declarar, en este caso en sede judicial. Unos días antes de su declaración, (el abogado) Ismael Oliver –imputado en esta causa– se puso en contacto con Leire (Díez), haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella», según Pedraz.

Oliver le habría dicho a Díez: «Es importante y si queréis lo negocio yo», a lo que la exmilitante socialista, según el auto, habría respondido: «Negócialo. Si puedes, hazlo».

El magistrado indica que, tras lograr la autorización, Oliver y Díez hablaron de «comprar» a Pano. «Esta se vende. Debemos saber comprar», se dijo en aquella conversación, de acuerdo a la resolución.

«Del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo», detalla el magistrado.

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