La regularización extraordinaria de migrantes aportará hasta 26 millones de euros al Estado solo en tasas

El pago obligatorio de los trámites de extranjería generará una recaudación masiva basada en la previsión de beneficiarios del Real Decreto

El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España no solo tendrá un impacto social, sino también una repercusión directa en las arcas públicas. Según las estimaciones realizadas a partir de los costes habituales de los trámites de extranjería, el Estado podría recaudar entre 20 y 26 millones de euros. Estos ingresos proceden exclusivamente de las tasas administrativas que cada solicitante debe abonar para tramitar su expediente.

El Real Decreto que regula este procedimiento establece como requisito indispensable el pago de las tasas correspondientes por parte de los interesados. Tomando como referencia los procedimientos de arraigo, que constituyen la vía principal para la regularización en el país, el coste por cada solicitud se sitúa en los 38,28 euros. Esta cifra es la base sobre la cual se han proyectado los ingresos totales que percibirá la Administración.

Si se cumplen las previsiones iniciales del Ejecutivo, que estima en unas 500.000 las personas que podrían acogerse a esta medida, la recaudación total rondaría los 20 millones de euros. Esta proyección mínima garantiza una inyección económica significativa destinada a cubrir la gestión de los propios servicios de extranjería que deberán procesar el alto volumen de expedientes previstos para los próximos meses.

Sin embargo, el volumen de ingresos podría ser notablemente superior si se atienden las cifras manejadas por colectivos sociales. El movimiento Regularización Ya, uno de los principales impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), eleva el número potencial de beneficiarios a más de 700.000 personas. En este escenario, la cuantía recaudada por el Estado en concepto de tasas administrativas superaría los 26 millones de euros.

Este flujo de capital subraya la magnitud de una medida que busca integrar legalmente a miles de extranjeros residentes en España. Independientemente de si la cifra final se ajusta a los cálculos del Gobierno o de las asociaciones, el proceso asegura una contraprestación económica que acompañará al cambio de estatus jurídico de la población migrante en situación irregular.