Ábalos niega haber ordenado contratar a la empresa de Aldama y defiende la compra de 13 millones de mascarillas

El exministro ha recalcado que entidades públicas como Puertos del Estado y Adif fueron las encargadas de ejecutar las compras, cada una dentro de sus competencias

La gestión de la pandemia vuelve a situarse en el foco judicial y político. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido ante el Tribunal Supremo su actuación durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria. En su declaración, ha negado de forma contundente haber dado instrucciones para contratar a una empresa concreta en la compra de mascarillas, aunque sí ha reconocido que la decisión de adquirir millones de unidades fue suya.

Ábalos ha explicado que su prioridad en aquel momento era clara: garantizar el suministro de material sanitario en un contexto de urgencia extrema. Según ha señalado, su papel fue dar una “orden política” para conseguir 13 millones de mascarillas, una medida que consideraba imprescindible para crear una reserva estratégica y proteger a la población. Sin embargo, ha insistido en que el proceso de contratación no dependía de él.

El exministro ha recalcado que entidades públicas como Puertos del Estado y Adif fueron las encargadas de ejecutar las compras, cada una dentro de sus competencias. En este sentido, ha subrayado que estos organismos actuaban como órganos de contratación independientes, con capacidad para decidir con qué proveedores trabajar. “No he formado parte de ningún órgano de contratación”, ha reiterado, marcando así distancia con las decisiones concretas sobre adjudicaciones.

La urgencia como contexto clave

Durante su intervención, Ábalos ha puesto especial énfasis en el contexto en el que se tomaron estas decisiones. La pandemia generó una situación sin precedentes, con una demanda global de material sanitario que dificultaba enormemente su acceso. En ese escenario, según su relato, la rapidez era un factor determinante.

El exministro ha señalado que su insistencia fue siempre la misma: traer mascarillas “lo antes posible”. Esa urgencia justificaba, en su opinión, que se activaran mecanismos excepcionales previstos en la legislación para situaciones de emergencia. Bajo este marco, los procedimientos podían flexibilizarse para agilizar la adquisición de suministros esenciales.

Respecto a la elección de la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, Ábalos ha asegurado que desconocía las ofertas concretas que se manejaban. Ha indicado que pudo haber varias propuestas sobre la mesa, aunque él no participó en su evaluación. Según ha explicado, si las entidades responsables eligieron una opción determinada fue porque la consideraron más viable o segura en ese momento.

Defensa de la gestión y distanciamiento de responsabilidades

Más allá de negar cualquier intervención directa en la contratación, Ábalos ha defendido la legitimidad de las decisiones adoptadas. Ha insistido en que su actuación estuvo guiada por una prioridad sanitaria: garantizar equipos de protección en un momento crítico. En sus palabras, existía una auténtica “obsesión” por conseguir material, lo que refleja la presión y la incertidumbre de aquellos meses.

También ha descartado haber mantenido conversaciones relevantes con Víctor de Aldama antes de las adjudicaciones, aunque ha reconocido que en aquel contexto muchas personas ofrecían ayuda para localizar suministros. Para él, estas iniciativas se interpretaban como una colaboración necesaria ante la escasez global.

El caso sigue su curso en el ámbito judicial, pero la declaración de Ábalos deja clara su línea de defensa: asumir la decisión estratégica de compra, pero desvincularse de los detalles concretos de contratación. Un equilibrio que sitúa el debate en torno a los límites entre la responsabilidad política y la gestión administrativa en situaciones de emergencia.