Esperando a Cosidó en un concurso de preguntas y respuestas con el inspector Gonzalo Fraga de protagonista

El director de la Policía en la época de Kitchen comparece este miércoles 15 en calidad de testigo en el juicio

Sesenta y un policías, gastos reservados, seguimientos, tras el Santo Grial o el pendrive con los audios de Luis Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas que amenazaban la continuidad del presidente del Gobierno al que la banda Kitchen llamaba El Barbas o El Asturiano. Hoy prestará declaración como testigo el que fuera en aquellas fechas de 2013 director general de la Policía, el político del Partido Popular Ignacio Cosidó, es decir el número 1, a quien la operación Kitchen le ha resultado completamente ajena.

Gonzalo Fraga, inspector jefe de Asuntos Internos (UAI), la unidad que investiga las actividades criminales dentro de la Policía Nacional, es el niño prodigio en el caso y en el juicio de Kitchen y, en realidad de las 47 piezas del macrocaso Tándem-Villarejo. Después de declarar de pie en la mañana del lunes 13 y sentado por la tarde, y continuar sentado este martes 14, por la mañana y parte de la tarde, ha fijado el terreno de juego para todo el juicio oral.

De alrededor de cuarenta años, sea trajeado o en ropa informal, su rapidez y concreción, sin papeles delante, le ha dado al juicio cierta espectacularidad.

Es como quien responde a todo lo que usted quería saber sobre la Kitchen, una operación impulsada desde la cúpula -nada de cloacas o alcantarillas-del Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para recobrar de material informativo de destrucción masiva del gobierno del Partido Popular y de su presidente Mariano Rajoy en 2013, tras su primer año de mandato.

Fraga se unió a los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, miembros de la Fiscalía Anticorrupción en el primer semestre de de 2017 para investigar la macrocausa Tandem-Villarejo, y más tarde resultó clave en la investigación de la pieza número 7 o Kitchen, cocina en inglés, el mote acuñado para esta operación en 2013 por el entonces comisario José Manuel Villarejo.

Pero ni Stampa ni Serrano siguen en sus puestos de esta investigación.

El fiscal ahora a cargo del juicio, César de Rivas, sustituyó a Stampa en septiembre de 2020.

Y Serrano marchó a para ocupar una plaza en Tenerife.

Fraga es, por tanto, la memoria viva de la investigación, una memoria que cautiva a cualquier juez o jueza. Y también ocurre con la presidenta del tribunal, la cordobesa Teresa Palacios, a quien la manera de contestar del inspector jefe, con su precisión y serenidad, ofrece garantías.

Los recursos del Estado fueron utilizados por esta banda oficial. Y fueron pagados por esta banda. Quien debía autorizar esos pagos en la cúpula del Ministerio del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, declaró en calidad de testigo que no sabía nada del asunto, pero esta respuesta no le pareció extraña al juez instructor Manuel García-Castellón. Pérez de los Cobos salió ileso.

Pero ahora en el juicio, Fraga relata los pagos a Sergio Ríos, al chófer de Luis Bárcenas, asimilado a la banda como espía. Eran 2.000 euros al mes. Y para mantenerle trincado, sabio consejo de Villarejo al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se le hizo sitio en las pruebas de la Academia de Policía para prevenir que se fuera, algún día, nunca se sabe, de la lengua.

Le solía pagar Villarejo. Pero en cierto momento, abril de 2015, según explicó Fraga, se decidió que lo hiciera el inspector Andrés Gómez Gordo. Al parecer, el cambio fue ordenado por Chisco, el nombre del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el organigrama de la banda. Gómez Gordo o Cospedín trabajaba para la presidenta de la Comunidad de Castilla La Mancha. ¿Quién era ella? María Dolores de Cospedal.

Pero aparte de los gastos reservados también está la fuerza de trabajo policial utilizada. Alrededor de sesenta y un policías según las fases.

De la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) de la Policía al mando del comisario Enrique García-Castaño, alias El Gordo y de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), cuyo jefe era el comisario Marcelino Martín-Blas.

Este martes 14 declararon en calidad de testigos policías de la UAI encargados de seguir a miembros de la familia de Luis Bárcenas.

El paisaje que describieron, sobre todo una de las mujeres policías, era extraño. Algunos vigilaban a Rosalía Iglesias y otros parecían hacer labores de contravigilancia.

A todo esto, Bárcenas estaba en la prisión de Soto del Real, también sometido a marcaje.

En el plenario el abogado Antonio Cabrera, en representación de Villarejo, que se ha escabullido del banquillo con su toga – dada la condición de abogado que ostenta- señaló que del material encriptado incautado en los registros de domicilios y oficinas de Villarejo solo el 50% aproximadamente ha sido desencriptado.

Uno se pregunta dos cosas: primera, si solo con la mitad del material ha salido lo que hemos conocido, ¿qué habrá en el otro 50%?; segunda, ¿quién y por qué ha dado la orden de paralizar el desencriptado?

Y con toda esta operación, ¿qué se consiguió?

La única pista la tenemos es lo que dice Villarejo.

En audios con Enrique García-Castaño, quien encabezó a su célula de la UCAO para entrar clandestinamente en el trastero-local de restauración de Rosalía Iglesias en la madrileña calle del General Díaz Porlier, 32.

En entrevista con El Periódico, el excomisario lo explicó así:

– Rajoy tenía pánico, estaban convencidos de que había pruebas. Se lo dije al Gordo, al comisario Enrique García Castaño cuando le destituyeron: “Saca el pendrive y machácalos a todos”.