El Consejo de Ministros ha manifestado un respaldo unánime a Félix Bolaños tras sus ataques al juez Juan Carlos Peinado, quien recientemente ha procesado a Begoña Gómez por presunta corrupción y tráfico de influencias. El ministro de Justicia ironizó sobre la situación actual del país comparándola con periodos absolutistas: «Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII», afirmó para defender la existencia de garantías que corrijan resoluciones que considera infundadas.
Bolaños ha defendido su derecho a la libertad de expresión, asegurando que sus valoraciones son «absolutamente respetuosas en lo personal» y que no menciona a individuos concretos. Según el ministro, su preocupación por la deriva de la instrucción es «compartida por una muy buena parte de la carrera judicial», la cual estaría alarmada por cómo ciertas presiones pueden dañar el buen nombre de la justicia española.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, elevó el tono al cuestionar si las decisiones de Peinado buscan la justicia o si, por el contrario, «debilitan la democracia». Puente, que se mostró incapaz de encontrar reproche penal en los actos de Gómez, denunció la falta de imparcialidad del proceso, señalando con sarcasmo que en este caso «no hay viaje que no tenga su correspondiente resolución» judicial.
La reacción de los miembros del Ejecutivo ha generado un choque directo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las principales asociaciones de magistrados. Mientras el CGPJ recuerda la «necesidad de respetar» las actuaciones judiciales, Bolaños reprocha al órgano de gobierno de los jueces su inacción ante las «irregularidades» que él mismo denunció previamente sobre el magistrado investigador.
En la misma línea, la ministra portavoz Elma Saiz reafirmó la confianza del gabinete en la «inocencia de Begoña Gómez», a quien definió como una mujer de trayectoria «intachable». Saiz insistió en que el auto de procesamiento presenta aspectos «inéditos» que trascienden lo jurídico, sumándose a la tesis de que existen procedimientos específicos que desprestigian profundamente al sistema judicial.
El Gobierno concluye que criticar una resolución pública es un ejercicio democrático legítimo y necesario cuando el texto no se ajusta a derecho. Desde el Ejecutivo se insiste en que su postura no es un ataque a la institución, sino una defensa cualificada de la legalidad, lamentando que en el actual escenario procesal nadie parezca capaz de «poner orden» ante lo que consideran una persecución política.