El juicio a la Kitchen sigue adelante en la Audiencia Nacional. La presidenta del tribunal y ponente de la sentencia, Teresa Palacios, tras deliberar con los otros dos magistrados, Francisca María Ramis y Francisco Ballesteros, confirmó que el tribunal tiene competencia sobre la operación porque, según explicó el fiscal César Rivas, Kitchen tiene conexidad con la causa Tándem, donde se investiga al entonces comisario José Manuel Villarejo por encargos que le fueron realizados y pagados, en dinero y en contratos, dada su condición de policía en activo (se jubiló a mediados de 2016).
Kitchen era el proyecto MSP, según los documentos hallados en el registro del domicilio de Villarejo, una actividad dirigida a controlar/ocultar/destruir pruebas que afectaban al Partido Popular en momentos en que sus dirigentes eran investigados, en paralelo, en la causa Gürtel.
La Fiscalía aportó también otro elemento de conexión en el hecho de que las pruebas buscadas y aparentemente halladas sirvieron como un medio para conseguir, por parte de los policías, en especial Villarejo y el comisario Enrique García-Castaño, de impunidad, para disuadir que se actuara contra ellos.
La presidenta, Teresa Palacios, explicó que el tribunal rechazaba la cuestión de suspender el juicio, anular el auto de procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) del 29 de julio de 2021, y reabrir la investigación basándose en nuevas pruebas, según la iniciativa de una de las acusaciones populares, la del partido Socialista Obrero Español (PSOE). Explicó, en línea con el fiscal, que el tribunal no tenía potestad para anular una decisión del magistrado instructor que, además, había sido respaldado por la sección tercera de lo Penal.
El nombre de Cospedal se convirtió en protagonista en la sesión. Porque la acusación del PSOE quería precisamente reabrir la investigación por considerar que el magistrado García-Castellón dio cerrojazo a la causa porque no tenía intención de investigar la “pata” política de Kitchen.
En rigor, esta fue la posición del fiscal encargado del caso, Miguel Serrano, quien recurrió la decisión de archivar la causa para Cospedal ante la Sala de lo Penal, pero perdió esa batalla.
Pero el tribunal que preside Palacios, además de rechazar la suspensión -un desenlace completamente previsible- también denegó las pruebas propuestas por la acusación popular del PSOE. En cierto modo, el hecho de no reabrir o volver a escarbar sobre el sobreseimiento de la causa para Cospedal trajo cola.
Palacios, una magistrada que se caracteriza por su gracejo andaluz, su conocimiento de la causa y una rapidez como el rayo para unir datos, empero, decidió que Cospedal no será una vía de agua en este juicio. Que será testigo en el juicio después de haber sido investigada, explicó, y que eso crea una situación delicada. La presidenta mostró cierto desdén, poco disimulado, hacia la letrada de la acusación popular del PSOE, Gloria de Pascual, quien soportó serenamente los dardos, algunos punzantes.
El tribunal, pues, rechazó incorporar dos lotes de audios al plenario: uno de tres audios que elevó la Unidad de Asuntos Internos (UAI) los que según el mayor especialista de Kitchen, el inspector jefe Gonzalo Fraga, son relevantes.
En ellos Villarejo mantiene verdaderos despachos de trabajo con Cospedal, donde se comentan los detalles de toda la operación. Le da cuenta de cómo va el encargo.
El segundo lote contiene seis audios difundidos por RAC-1 en marzo de 2025.
Los nueve audios, pues, aportan detalles probatorios sobre cómo Villarejo actuaba en la Operación Kitchen.
La única razón para rechazar estas pruebas es que su interlocutora era… Su jefa, quien le hizo el encargo. Pero ella fue salvada por el juez Manuel García-Castellón.
Teresa Palacios señaló que como el inspector de la UAI será testigo en el juicio, la acusación popular podrá preguntarle por esos tres audios.
¿Pero es lo mismo preguntar sobre los audios sin escucharlos e el plenario? No.
El tribunal al rechazar suspender el juicio parece haber sucumbido a la deriva de eliminar cualquier rastro que pueda incriminar a Cospedal.
Cuando el fiscal Miguel Serrano acusó en su recurso de septiembre de 2021 de que García – provocaba un “cierre en falso” de la causa y de haber trazado una “línea roja” en la causa que no se podía traspasar, la de la pata política del PP, difícilmente podía imaginar lo lejos que podía extenderse esa “línea roja”.