El PSOE pagó 20.000 euros para financiar sus cloacas contra los investigadores de la ‘trama Sánchez’, según un audio

La conversación detalla que el pago se habría canalizado mediante una supuesta campaña publicitaria como vía para ocultar su finalidad real

Una grabación inédita a la que ha tenido acceso El Confidencial sugiere que el PSOE habría destinado 20.000 euros a financiar las primeras operaciones clandestinas vinculadas a su sede en Ferraz. En audio hecho público, un participante afirma que el dinero se utilizó para actividades dirigidas contra jueces, fiscales, policías, guardias civiles y periodistas considerados objetivos por Moncloa.

La conversación implica presuntamente a la dirección socialista en estas maniobras, relacionadas con Leire Díez Castro y el empresario Javier Pérez Dolset. Hasta ahora, el partido había reconocido contactos con ambos, pero defendía que solo hubo intercambio de información y negaba cualquier supervisión directa. Mintió.

Sin embargo, la grabación apunta a una implicación más profunda de la cúpula del PSOE, situando al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en un papel clave.

Según el audio, el dinero habría sido solicitado en una reunión celebrada el 25 de abril de 2024 en Ferraz con varios dirigentes del partido presentes.

Una supuesta campaña publicitaria

En ese encuentro, siempre según el contenido del audio, se habría pedido financiación y se habría aprobado la entrega de 20.000 euros. La conversación detalla que el pago se canalizó mediante una supuesta campaña publicitaria como vía para ocultar su finalidad real.

El audio también atribuye al amigo de Cerdán Ion Antolín un rol operativo en la gestión de los fondos, siguiendo instrucciones de Cerdán. Esto reforzaría la idea de que no se trató de una acción aislada, sino de una operación organizada desde la estructura del partido.

Además, la grabación sugiere que el dinero pudo destinarse, entre otras cosas, a adquirir audios del comisario Villarejo y a recopilar información comprometedora sobre diversas figuras públicas, entre ellas miembros de la judicatura, la fiscalía y responsables de investigaciones de corrupción, lo que ampliaría el alcance de las supuestas actividades descritas.