La jueza apunta al Gobierno por el estado de la pasarela de El Bocal donde murieron seis jóvenes

La investigación señala posibles negligencias en el mantenimiento y analiza también el papel de las administraciones en la seguridad del entorno

La tragedia ocurrida en la pasarela de El Bocal, en Santander, sigue generando conmoción y preguntas. Seis jóvenes perdieron la vida tras el colapso de esta estructura, y ahora la investigación judicial comienza a arrojar luz sobre posibles responsabilidades. La jueza encargada del caso ha señalado a la administración central como la principal responsable del mantenimiento de la infraestructura, abriendo así un nuevo escenario en el proceso.

Según el auto judicial, existen indicios de negligencia en la conservación de la pasarela, una instalación que llevaba años abierta al público pese a su deterioro. La magistrada considera que la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Gobierno, tenía la obligación directa de garantizar su correcto estado, al tratarse de unas obras que nunca llegaron a finalizarse oficialmente.

Este punto resulta clave, ya que al no haberse completado ni recepcionado el proyecto, la responsabilidad del mantenimiento no recaía en el Ayuntamiento, sino en el propio Estado. Una situación que, según la jueza, se conocía y se asumía desde hace tiempo por parte de los responsables.

Indicios de negligencia y fallos en el mantenimiento

La investigación pone el foco en las actuaciones realizadas meses antes del accidente. En el verano de 2024 se llevó a cabo una intervención sobre la pasarela, pero esta se limitó únicamente a la estructura de madera, dejando sin tratar elementos metálicos que, según informes técnicos, presentaban un avanzado estado de oxidación.

Este detalle es fundamental para la jueza, que considera que la reparación pudo ser claramente insuficiente. De hecho, informes previos ya alertaban del mal estado de la infraestructura, lo que refuerza la hipótesis de un posible fallo en la gestión del mantenimiento.

Por ello, la magistrada ha decidido dirigir acción penal contra dos responsables técnicos de la Demarcación de Costas, al entender que, por su cargo, tenían un papel directo en la supervisión y conservación de la pasarela. Además, ha solicitado nuevos informes periciales para determinar si las actuaciones realizadas fueron adecuadas o si, por el contrario, contribuyeron al desenlace fatal.

Una responsabilidad compartida bajo análisis

Aunque el foco principal está en la administración central, la investigación también analiza el papel del Ayuntamiento de Santander. En concreto, se estudia si, pese a no ser responsable del mantenimiento, debía haber actuado desde el punto de vista de la seguridad pública.

La jueza señala que, ante un riesgo evidente, las autoridades locales tienen la obligación de señalizar, limitar o incluso precintar el acceso a zonas peligrosas. Por ello, se investigará si el deterioro de la pasarela era visible para cualquier ciudadano y si existían señales previas que alertaran del peligro.

Para esclarecer estos aspectos, se recabarán testimonios de vecinos y usuarios habituales de la zona, así como imágenes anteriores al accidente. Todo ello permitirá determinar si el riesgo era perceptible y si se actuó con la diligencia necesaria.

En definitiva, el caso de El Bocal se convierte en un ejemplo doloroso de cómo la falta de mantenimiento y la posible cadena de responsabilidades pueden desembocar en consecuencias irreparables. La investigación sigue en marcha, pero deja ya una conclusión clara: la seguridad de los espacios públicos no puede quedar en segundo plano.