La violencia vicaria golpea a España

Mientras la política discute y ajusta conceptos jurídicos, la realidad avanza con una dureza incontestable

España atraviesa uno de los comienzos de año más alarmantes en violencia vicaria desde que existen registros oficiales. En apenas tres meses de 2026, tres menores han sido asesinados presuntamente por sus padres, igualando ya la cifra total de todo 2025. Los casos, ocurridos en Castellón, Santa Cruz de Tenerife y Alicante, han reactivado la preocupación social y política ante una violencia que sigue mostrando su rostro más cruel.

El último episodio, confirmado por el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo, tuvo lugar en Torrevieja. Una niña de tres años fue presuntamente asesinada por su padre, de 40 años, en un contexto en el que no existían denuncias previas por violencia de género. La tragedia se consumó en silencio, sin señales formales que activaran los mecanismos de protección.

Fue la madre quien dio la voz de alarma al no poder contactar con el progenitor. Horas después, la Guardia Civil localizó los cuerpos de la menor y del padre en el domicilio de este. La escena, que se repite con matices distintos en otros casos, vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas más incómodas: ¿cómo prevenir lo que no siempre deja rastro previo?

68 menores asesinados desde 2013

Las cifras no son nuevas, pero sí persistentes. Desde 2013, un total de 68 menores han sido asesinados en contextos de violencia vicaria en España. Solo en lo que va de 2026, además, 11 niños han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Detrás de cada número hay historias truncadas y familias marcadas de por vida.

El repunte coincide con el debate político sobre una futura ley específica contra la violencia vicaria, impulsada por varios ministerios. Sin embargo, el texto sigue bloqueado. El departamento de Sira Rego se desmarcó del anteproyecto al considerar insuficientes las medidas propuestas, especialmente en aspectos clave como la patria potestad o el régimen de visitas.

Advertencias de organizaciones feministas

La división dentro del Gobierno ha sido alimentada también por las advertencias de organizaciones feministas, que critican la posible creación de un delito “neutro” que, a su juicio, desdibuja el origen estructural de esta violencia. Reclaman una legislación que no solo nombre el problema, sino que actúe con contundencia sobre sus causas y consecuencias.

En el fondo del debate late una tensión no resuelta: la que existe entre el derecho del menor a mantener vínculos familiares y la necesidad de protegerle frente a un agresor. Colectivos de víctimas denuncian que, en demasiadas ocasiones, se prioriza el contacto con el padre incluso en contextos de riesgo, amparándose en una interpretación cuestionable del “interés superior del menor”.

Mientras la política discute y ajusta conceptos jurídicos, la realidad avanza con una dureza incontestable. Cada caso de violencia vicaria no solo interpela a las instituciones, sino también a una sociedad que aún busca respuestas eficaces. Porque cuando la violencia alcanza a los hijos, ya no se trata solo de un problema privado o judicial, sino de un fracaso colectivo que exige algo más que declaraciones: exige prevención, coordinación y, sobre todo, decisiones a tiempo.