El 8 de marzo de 2022 marcó un punto de inflexión para el movimiento feminista en España. Por primera vez en años, el Día Internacional de la Mujer se vivió en Madrid con dos manifestaciones simultáneas y alternativas entre sí, evidenciando una fractura que llevaba tiempo gestándose. Mientras el Ministerio de Igualdad defendía en su campaña institucional el lema In Spain we call it igualdad, en las calles se escenificaba un desacuerdo profundo sobre el rumbo político y conceptual del feminismo.
La Comisión 8M, organizadora histórica de las grandes marchas de la capital, convocó bajo el lema Derechos para todas, todos los días y optó por no llamar a la huelga general, como sí había hecho en 2018 y 2019. Apostó por un feminismo “inclusivo”, con reivindicaciones que iban desde la lucha contra la violencia machista hasta el reconocimiento de los cuidados y el feminismo antirracista. Decenas de miles de personas recorrieron el centro de Madrid en una movilización que quiso reafirmar la continuidad de una tradición.
A la misma hora, el Movimiento Feminista de Madrid marchaba con un mensaje distinto: El Feminismo es abolicionista. “No te equivoques de pancarta”, advertían sus organizadoras. Su crítica se dirigía de forma explícita a la autodeterminación de género recogida en la conocida como ley trans y a lo que consideran una falta de contundencia política contra la prostitución. Para este sector, la agenda legislativa del Ministerio de Igualdad, entonces dirigido por Irene Montero, “socava los derechos” históricos de las mujeres. Unas 6.000 personas, según datos oficiales, secundaron esta convocatoria.
La división no fue exclusiva de la capital. En ciudades como Barcelona, Alicante, Sevilla o Bilbao se repitieron movilizaciones con matices distintos, algunas centradas en la llamada “agenda abolicionista” y otras en un feminismo amplio e interseccional. Barcelona reunió a unas 15.000 personas según la Guardia Urbana, aunque la organización elevó la cifra a 60.000. En Andalucía se comunicaron 64 concentraciones, casi veinte más que el año anterior. El feminismo volvía a las calles tras las restricciones sanitarias de 2021, pero lo hacía mostrando sus costuras.
Para comprender el alcance de esta fractura hay que retroceder a la pandemia. En marzo de 2020, cuando la covid-19 ya amenazaba, la asistencia en Madrid cayó a 120.000 personas, lejos de las más de 300.000 de 2019. En 2021, la Delegación del Gobierno prohibió las marchas en la capital por razones de salud pública, decisión avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aquel 8M reducido y tensionado escenificó por primera vez una división que se consolidaría un año después.
El origen de las diferencias es ideológico y estratégico. Para las llamadas “feministas clásicas”, la autodeterminación de género pone en riesgo políticas públicas diseñadas en torno al sexo biológico y diluye la categoría jurídica de mujer. También reclaman una posición inequívoca hacia la abolición de la prostitución. En el otro lado, la Comisión 8M y numerosas asambleas territoriales defienden un feminismo que incorpore las demandas del colectivo trans y que amplíe el sujeto político del movimiento sin renunciar a la lucha contra la violencia y la desigualdad estructural.
Sin embargo, pese a los desacuerdos y a las pancartas enfrentadas, hubo un denominador común: la reivindicación de la igualdad y el rechazo a la violencia contra las mujeres. Incluso la guerra en Ucrania, iniciada semanas antes, se coló en las consignas con un claro No a la guerra. El 8M de 2022 no fue el más multitudinario ni el más unánime, pero sí uno de los más reveladores.
Mostró que el feminismo español, convertido en actor central del debate público, atraviesa una etapa de redefinición. Quizá toda madurez implique conflicto; la cuestión pendiente es si esa pluralidad se traducirá en ruptura o en una nueva síntesis capaz de sostener la fuerza que llevó a cientos de miles de mujeres a las calles apenas tres años antes.