Ábalos solicita que el ‘caso mascarillas’ se juzgue en la Audiencia Nacional para evitar duplicidades con el Supremo

La defensa del exministro alega que los mismos hechos se investigan en dos tribunales y pide unificar el procedimiento para garantizar las garantías procesales

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha dado un nuevo paso en su estrategia judicial. A través de su defensa, ha planteado ante el Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que el conocido como ‘caso mascarillas’ sea juzgado en la Audiencia Nacional y no en el alto tribunal. El argumento central es claro: evitar que se investiguen los mismos hechos en procedimientos paralelos, con el riesgo de vulnerar el principio de “non bis in idem”, que impide juzgar dos veces por lo mismo.

La petición se produce tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que han aportado nuevos datos sobre la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia. Según la defensa de Ábalos, el reciente informe policial evidenciaría que la investigación sobre esos contratos sigue viva, aunque formalmente se enmarque en diligencias relacionadas con otros responsables.

La clave: una sola causa para los mismos hechos

El escrito presentado ante el Supremo sostiene que el objeto de la investigación es el mismo en ambas instancias: la contratación de mascarillas cuando Ábalos era ministro. Para su abogado, los nuevos datos muestran que no tendría sentido fragmentar el proceso en dos sedes judiciales distintas si se trata de los mismos hechos, el mismo periodo y los mismos protagonistas.

La defensa apunta que podrían estar produciéndose diligencias paralelas en la Audiencia Nacional relacionadas con las mismas operaciones contractuales. De confirmarse, ello obligaría —según su criterio— a unificar el procedimiento para garantizar coherencia y seguridad jurídica. En caso contrario, el Supremo debería inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

Ábalos se ha adherido además al planteamiento formulado por su exasesor, Koldo García, que ya solicitó que el caso se trasladara a la Audiencia Nacional. Ambos consideran que mantener dos frentes judiciales abiertos sobre el mismo núcleo de hechos podría poner en riesgo el derecho a una defensa plena y ordenada, según Europa Press.

Derechos de defensa y nuevas líneas de investigación

Más allá de la cuestión competencial, la defensa del exministro también cuestiona el modo en que se ha desarrollado la instrucción. Señala que el nuevo informe de la UCO incorpora referencias a otros posibles intervinientes en la adjudicación de contratos, lo que, a su juicio, debería dar lugar a una revisión del enfoque procesal.

En este contexto, el abogado plantea que el procedimiento debería regresar a fase de instrucción para incorporar adecuadamente esos elementos. También reclama la devolución de dispositivos electrónicos incautados a los investigados, alegando que su retención dificulta el ejercicio del derecho de defensa.

El debate no es menor. Más allá del impacto político del caso, lo que está en juego es la correcta delimitación de competencias entre tribunales y la garantía de un proceso único y coherente. La decisión que adopte el Supremo marcará el rumbo de una causa que sigue generando repercusión pública y jurídica.

En un asunto que combina dimensión política, sanitaria y judicial, la clave ahora no es solo determinar responsabilidades, sino asegurar que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías.