Tejero, el ejecutor del golpe de Estado: «El 23-F fue a las órdenes del Rey»

Documentos desclasificados y testimonios apuntan a decretos firmados, reuniones en la sombra y una supuesta cobertura desde la Corona que reabre uno de los mayores secretos de la Transición. No obstante, otros documentos cuestionan las versiones defensivas de los implicados y revelan en que uno de los fallos del golpe fue «dejar libre al Borbón»

Los documentos desclasificados y las declaraciones del teniente coronel Antonio Tejero ofrecen, por primera vez, una versión interna del golpe del 23 de febrero de 1981. El relato dibuja un entramado en el que participaron altos mandos militares bajo la coordinación del CESID y donde la Corona habría jugado un papel estratégico, según afirmaron varios acusados.

Tejero aseguró que la toma del Congreso de los Diputados llevaba tiempo planeándose y que se sintió “alegre” al ser incluido en una “Operación Nacional de gran envergadura”, a la que se sumó porque se ejecutaba “a las órdenes del Rey”.

Según su versión, esa cobertura hacía más asumible el 23-F ante aliados internacionales, como Estados Unidos y la Santa Sede.

El contacto decisivo fue con el comandante José Luis Cortina, jefe operativo del CESID. En una reunión previa, celebrada en el piso General Cabrera de Madrid, se fijó la fecha del 23 de febrero, se mencionaron decretos ya firmados por la Casa Real y se le presentó al general Alfonso Armada, quien le trasladó a Tejero que la operación tenía alcance nacional y que él mismo estaría en Zarzuela.

Armada insistió en que debía tratarse de una acción incruenta y bajo la idea de un Gobierno militar. También se entregó a Tejero un radio-teléfono para comunicarse con el hotel Palace bajo la consigna “Duque de Ahumada”, aunque el dispositivo no llegó a funcionar.

Ese y otros encuentros celebrados en Biarritz (Francia) y Juan Gris (Madrid) sirvieron para perfilar un plan que, en teoría, no iba contra la Constitución ni contra el Rey o el Gobierno, sino que buscaba permitir que la Jefatura del Estado pudiera reconducir la crisis política.

El 18 de enero de 1981, la operación ya estaba preparada, aunque fue “congelada” temporalmente en espera de una llamada “solución Armada”. En esas reuniones también se mencionaron otros mandos implicados —el general Torres Rojas y el coronel Sanmartín— y apoyos logísticos dentro de la estructura militar —División Acorazada (DAC)—.

El reparto de papeles de los participantes, según las declaraciones, estaba claro desde el principio: Alfonso Armada como figura político-institucional y enlace con la Corona; el teniente general Jaime Milans del Bosch encargado del despliegue militar fuera de Madrid; y Tejero el ejecutor del golpe en el hemiciclo, debido a su prestigio y personalidad.Milans

Milans, que sacó los tanques a las calles de Valencia hasta que los encerró por orden del Rey, llegó a describir el 23-F como una reconducción de intentos más radicales anteriores y subrayó que no era una operación exclusiva de la Guardia Civil, sino del conjunto del Ejército.

Durante el asalto al Congreso, Tejero justificó los disparos como actos intimidatorios y reconoció que llegó a plantearse disparar contra el teniente general Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa con el expresidente Adolfo Suárez, aunque finalmente no lo hizo.

También explicó que rechazó permitir la entrada de Armada en el hemiciclo cuando este le planteó un Gobierno de amplia base, al sospechar que el Rey podría estar coaccionado. En ese contexto dijo haber pronunciado en el Congreso el nombre de Milans del Bosch por iniciativa propia, buscando respaldo ante la sensación de abandono por parte de los generales.

Otros testimonios recogidos en la causa apuntaron al interés de la Casa Real en asegurar la salida del Congreso del comandante Pardo Zancada, lo que para algunos implicados sugería que Zarzuela conocía la evolución de la operación. Estas referencias alimentaron la percepción de que el golpe pudo contar con el conocimiento o la supervisión indirecta desde niveles superiores del Estado, más allá de los mandos visibles. Pero también hay documentos que revelan que los conspiradores se arrepintieron de haber dejado libre «al Borbón», de lo que se infiere que actuaron sin el respaldo del Rey hoy emérito.

Milans llegó a situar la responsabilidad última del 23-F en Cortina, al que describió como representante de “alguna autoridad superior”. En ese esquema, el intento de golpe habría combinado planificación militar, apoyo logístico del CESID y una supuesta legitimación de la Corona, siempre según la versión de los implicados.

No obstante, Armada defendió siempre una versión distinta de lo ocurrido.

Aseguró que su propuesta de encabezar un Gobierno fue una iniciativa personal, con conocimiento de sus superiores, pero sin listas de gobierno predefinidas. Asimismo, negó haber recibido instrucciones directas del Rey o haber hablado con él sobre una acción de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, y sostuvo que su actuación buscaba encauzar el caos político, sin contravenir la legalidad y sin comprometer a la institución monárquica.