Cae una red que facilitaba inmigración ilegal mediante contratos de alquiler falsos por 300 euros

La Policía detiene a 28 personas en Valencia por un entramado que vendía documentos falsos para empadronamientos y trámites de residencia

La Policía Nacional ha destapado en la provincia de Valencia un entramado que, presuntamente, convertía la vulnerabilidad de muchas personas en un negocio ilegal. A cambio de 300 euros, ofrecían contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular para que pudieran utilizarlos en trámites administrativos como el empadronamiento o solicitudes de residencia.

La investigación comenzó tras detectarse movimientos sospechosos en una vivienda de la ciudad de València. En ese domicilio figuraban múltiples personas empadronadas con documentación que no cuadraba. Aquella anomalía fue el punto de partida de una operación más amplia que acabaría revelando un sistema repetido en varias viviendas.

Según las pesquisas, el principal investigado y su pareja alquilaban inmuebles de forma legal a propietarios. Una vez firmados los contratos, subarrendaban habitaciones —o al menos eso aparentaban— utilizando plataformas de alquiler vacacional y otros canales informales. Sin embargo, en muchos casos lo que realmente vendían no era un espacio para vivir, sino un documento falso con apariencia de legalidad.

Los contratos simulaban arrendamientos de habitaciones que, en la práctica, no siempre se ocupaban. El objetivo no era ofrecer techo, sino proporcionar un papel que permitiera a los compradores iniciar trámites administrativos. Para muchas personas extranjeras, ese documento podía significar una oportunidad de regularizar su situación o, al menos, ganar tiempo frente a la incertidumbre.

28 detenidos y una investigación que sigue abierta

La operación se ha saldado, hasta el momento, con 28 personas detenidas, acusadas de delitos como favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y estafa. Entre los arrestados se encuentran los presuntos cabecillas de la red, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.

Más allá de las cifras, el caso vuelve a poner el foco en una realidad compleja: la fragilidad de quienes buscan estabilidad en otro país. La necesidad urgente de regularizar su situación puede empujar a algunos a aceptar riesgos evidentes, pagando por documentos cuya validez saben cuestionable. Esa combinación de desesperación y promesas rápidas crea el caldo de cultivo perfecto para que surjan redes como la ahora desarticulada.

Desde la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se subraya la importancia de detectar estos fraudes, no solo por el impacto administrativo, sino también por la dimensión social del problema. El uso de contratos falsos distorsiona registros oficiales y puede generar consecuencias legales graves para quienes los utilizan.

La investigación continúa para esclarecer el alcance total del entramado y determinar si existen más viviendas implicadas o más personas afectadas. Mientras tanto, el caso deja una advertencia clara: cuando la irregularidad se convierte en oportunidad de negocio para terceros, el perjuicio se multiplica, tanto para el sistema como para quienes, en su búsqueda de una vida mejor, terminan atrapados en una red ilegal.