Jueces, fiscales y abogados ven «abuso de autoridad» en la «orden ilegítima» del guardia civil que denunció por desobediencia a un periodista en Mejorada

16 de febrero de 2026
10 minutos de lectura
Guardias civiles en Mejorada
Los guardias civiles que arrestaron al atracador de Mejorada, 30 minutos después de concluirse la operación. / FI

El editor de Fuentes Informadas denunciará al agente, que rehusó identificarse, ante la directora general de la Guardia Civil y no descarta hacerlo también ante los tribunales ordinarios

Jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, políticos de distintas tendencias y periodistas han remitido mensajes a este periódico y a su editor, José A. Hernández, en los que le expresan su «solidaridad, repulsa y condena por la antidemocrática e intolerable actitud» del guardia civil que impidió a Hernández realizar su labor profesional y, además, le impuso una denuncia «por desobediencia» tras darle una «orden ilegítima e inmotivada».

Los hechos se produjeron el pasado jueves 12 en Mejorada del Campo, donde efectivos de la Guardia Civil de la comandancia de Tres Cantos y varios cuarteles de la zona detuvieron a un peligroso atracador tras una persecución de película en coche por distintas calles de la ciudad.

«Es un manifiesto abuso de autoridad. Ese agente no tiene ni idea de lo que es la desobediencia, ni la resistencia ni nada. En el atestado pondrá lo que le convenga, pero ahí no hay ni delito, ni delito leve ni infracción ni nada», señala un magistrado.

«No se puede pedir a cada guardia que sea licenciado en Derecho, pero al frente de grupos de este tipo debería ir un jefe con un mínimo de conocimientos jurídicos que, por ejemplo, sepa que en un Estado de Derecho, el derecho a la información de un periodista es un bien constitucional sagrado que debe respetarse», asegura un juez de Madrid.

El guardia civil que «caprichosamente» ordenó al periodista que se marchase de la vía pública a la que acudió para cubrir el suceso, cuando la operación ya había concluido totalmente y los agentes se habían llevado detenido al atracador, dio una orden «absolutamente ilegítima», añade el magistrado.

«¿Por qué no podía estar el periodista ahí, en la calle, sin perjudicar nada ni a nadie, haciendo su trabajo?», cuestiona un alto magistrado. «Eso es un abuso de autoridad clarísimo. Si el agente, como en un momento determinado pretendió, llega a llevárselo detenido, habría incurrido en ilícitos penales y disciplinarios», advierte.

La Guardia Civil es un cuerpo de reconocido prestigio «y debe ser muy escrupulosa en no vulnerar los derechos ciudadanos», señala, por su lado, un mando de la Guardia Civil.

Pero «siempre hay algún garbanzo negro» que se deja llevar por «estúpidos tic chulescos que pone en evidencia el buen hacer del resto de compañeros», asegura otro mando del instituto armado.

Impulsividad

Un fiscal señala: «El jefe de ese grupo de agentes debió ver que la orden del agente de que el periodista se fuese allí, un espacio público, era ilegítima e infundada», señala un fiscal, «y debió frenar su impulsividad y no permitir que el tema terminase en una denuncia por desobediencia contra un periodista que se halla en una vía pública haciendo su trabajo y que no estaba comprometiendo ninguna operación porque esta ya había terminado»,

Los hechos son los siguientes:

El pasado 12 de febrero, el actual editor de este digital, Fuentes Informadas, José Antonio Hernández (ex jefe de sección de Investigación de El País, galardonado con seis premios de periodismo en sus 35 años de trayectoria profesional, entre ellos, el llamado Pulitzer en lengua castellana, el Premio Ortega y Gasset, por ser el periodista que destapó e investigó el caso Gürtel, entre otros muchos casos de corrupción) sufrió un incidente con un miembro de la Guardia Civil en las inmediaciones de su domicilio de Mejorada del Campo (Madrid).

El periodista trataba de cubrir, hacia las 19,30 horas, una noticia consistente en la detención de un peligroso atracador que acababa de robar en un supermercado utilizando un arma de fuego. Tras una temeraria huida en el coche por Mejorada, los agentes (al parecer de la comandancia de Tres Cantos, que lo tenían bajo su lupa) lograron detenerle.

La operación fue brillante y arriesgada, pero ha quitado de la calle a un peligroso delincuente reincidente.

José Antonio Hernández se encontraba junto a su hijo, paseando a su mascota, en las inmediaciones de su hogar. Oyó por vecinos el suceso, vio gente arremolinada y a un grupo de guardias y se acercó al lugar para ver qué había sucedido y, en su caso, escribir con ello una noticia.

Al llegar Hernández al lugar vio a un grupo de guardias a unos metros del coche empleado por el atracador en su huida. Esperaban la llegada de una grúa que retirase el vehículo.

La operación ya había concluido.

El grupo de guardias que había en la calle charlaban distendidamente tras haber cumplido exitosamente con su labor, a unos metros del coche utilizado por el atracador.

José Antonio Hernández se aproximó al lugar de los hechos para cubrir la noticia.

En la zona no existía línea o señalización alguna que prohibiera el paso o la estancia de personas en el lugar donde estaban los agentes.

En ese momento, y de manera súbita, uno de los agentes, uniformado, se separó del grupo que departía tranquilamente, se dirigió al periodista al que le espetó : “¡Aquí no se puede estar, fuera!”. Era la calle, la operación había concluido, allí solo quedaba el coche del atracador y en torno a él los agentes, de varios cuarteles de la zona.

José Antonio Hernández, en tono mesurado y respetuoso, le dijo que era periodista y que solo estaba observando desde la acera de una vía pública (en la que la Guardia Civil no había colocado cinta o señal alguna que restringiera el libre paso), pel vehículo dañado.

Y que solo pretendía hacer su trabajo, a lo que el agente, con gesto y tono innecesariamente arrogante, le dijo que le daba “igual que fuera periodista» y que se fuera de allí.

El periodista insistió en que no había ningún motivo para irse de allí, una calle pública, y que estaba haciendo su trabajo. Y el agente empezó a amenazarle con que o se iba a lo denunciaría “por desobediencia”. 

Actitud tranquila

Otros agentes que esporádicamente se aproximaron a su compañero y a José Antonio Hernández mostraron una actitud tranquila, respetuosa en todo momento y de una templanza, profesionalidad y comprensión hacia la labor profesional que desarrollaba dignas de encomio.

Pero, súbitamente, el agente, en el estado de impulsividad en que, por los signos externos que ofrecía, se hallaba, se acercó hacia el periodista, que se había apartado unos metros del lugar inicial, y empezó a pedirle reiteradamente que se identificara.

El periodista le dijo que estaba con el chándal paseando al perro y que no la llevaba encima y se ofreció a ir por ella a su casa. El agente no le dejó, le sujetó del brazo para que no se moviera de allí, y siguió diciéndole que se identificara, en un tono autoritario, fuerte y seco.

Y que si no lo hacía le llevaría al cuartel detenido. Llegando incluso a abrir la puerta de un vehículo policial, si bien, ante la frase del periodista, diciéndole, “vale, bien, lléveme al cuartel…”, debió pensar las consecuencias penales y disciplinarias que podrían derivársele de una actuación «arbitraria e ilegal y desistió de su primer impulso». 

Finalmente, José Antonio Hernández le proporcionó verbalmente todos sus datos personales identificativos. Y con ellos ellos el agente rellenó el boletín u oficio de denuncia. Lo hizo por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Artículo 26.6.

El periodista pidió al agente que se identificase él. Y no lo hizo. Se limitó a entregarle una copia casi totalmente ilegible de la denuncia, donde constan tres números de agentes. Se supone que uno de ellos era el suyo, pero no especifica cuál. O sea, no se identificó, y estaba obligado.

«Abusiva y humillante»

La actuación que sobre su persona llevó a cabo este agente, en la vía pública y ante posibles conocidos y vecinos, «fue clara y objetivamente abusiva, humillante, denigrante y vejatoria para el ciudadano y periodista», según ha explicado Hernández.

No sólo le impidió «el ejercicio de su derecho y deber de informar, sino el del derecho fundamental de libertad ambulatoria por un lugar en el que no existía impedimento alguno para ello, además de coartarle la libertad de movimiento». No le dejó ir a casa a por su carnés.

En un momento determinado, el periodista hizo ademán de ir a su domicilio, que estaba cerca del lugar, para recoger sus carnés de periodista e identidad y facilitárselos. Pero el agente se lo prohibió sujetándole el brazo izquierdo y diciéndole que no se moviera, que leina a denunciar por desobdiencia.

El guardia civil, cuya identidad, grado o categoría y destino se ignoran, impuso a un ciudadano y periodista que ejercitaba su función profesional su caprichosa, y, por consecuencia, arbitraria, voluntad, a fin de impedirle transitar o permanecer en la vía pública sin que hubiera señalización alguna que lo impidiera o restringiera.

Tras rellenar la denuncia, ofreció al periodista que la firmara, pero este se negó indicándole que «más de la mitad de los hechos que relataba en la denuncia eran falsos».

El mando al frente del operativo o de los agentes que se encontraban en el lugar en ningún momento se identificó ni intervino para frenar la arbitraria actuación del agente.

Requerido por José Antonio Hernández para que, a su vez, se identificara, el agente se negó rotundamente, limitándose a darle una copia casi ilegible de la denuncia con su TIP (Tarjera de Identidad Profesional), y el de otros dos agentes que supuestamente también estaban allí.

Es sabido que en numerosas ocasiones el corporativismo y el compañerismo mal entendido llevan a agentes que no han presenciado unos hechos a avalar la versión falaz de un compañero y en otras ocasiones a dar por ciertos hechos que saben que no se han producido, pero todo para evitar perjuicios al compañero. 

Atropello a un periodista

La asesor jurídico de Fuentes Informadas denunciará al agente, y señala: «Ante lo que considerzmos un atropello a un ciudadano y a un periodista en el ejercicio profesional de su derecho a ofrecer información veraz a la opinión pública, el editor de este medio va a dirigir a la Directora General de la Guardia Civil un parte disciplinario, al amparo de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, al entender que los hechos protagonizados por el agente cuya identidad se desconoce y cuyo TIP puede ser (si es que se hizo constar correctamente en el boletín u oficio de denuncia) el F93414D o el Y66467A, pudieran ser legalmente constitutivos (sin perjuicio de ser integrantes, en su caso, de delito), presuntamente, de una falta muy grave de “la obstaculización grave del ejercicio de los derechos fundamentales o de las libertades públicas”, “el trato vejatorio a las personas con las que se relacionen por razón del servicio” o “el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos”, de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 7 de dicha Ley Orgánica.

Y añaden: «Subsidiariamente, tales hechos serían legalmente calificables, indiciariamente, como constitutivos de una falta grave de “el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo”, “el impedimento, la dificultad o la limitación a los ciudadanos del ejercicio de los derechos que tengan reconocidos”, “la grave desconsideración con los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme” o “la negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales”, de los apartados 2, 3, 6 y 33 del artículo 8 de aquella Ley Orgánica.

Estas faltas pueden ser sancionadas, según el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 12/200 con separación del servicio, suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años o pérdida de puestos en el escalafón las muy graves y las graves con suspensión de empleo de un mes a tres meses, pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones o pérdida de destino.

Con anterioridad a la recepción del correspondiente parte o denuncia, que se formulará oportunamente, la Directora General de la Guardia Civil debería, por propia iniciativa y habida cuenta de la trascendencia y conocimiento público de los hechos, ordenar la incoación del pertinente expediente disciplinario, pues el artículo 39.1 de la Ley Orgánica 12/2007 dispone que “el procedimiento se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, o en virtud de parte disciplinario, denuncia u orden superior, o a propuesta de alguna de las Autoridades que están facultadas para instar el ejercicio de la acción disciplinaria”.

 Para ello, debería designar un instructor y un secretario a fin de depurar los hechos, que adoptaran medidas cautelares tales como identificar al agente protagonista de aquellos, requerir las filmaciones de las cámaras colocadas en el lugar de acaecimiento de los hechos y que pudieran ofrecer prueba acreditativa de la veracidad de los mismos, etc., ello sin perjuicio de practicar cuanta prueba se estime y la que, en su momento, proponga el perjudicado para acreditar los hechos

En definitiva, añaden los servicios jurídicos, este medio seguirá manteniendo su admiración por la abnegada labor de la Guardia Civil, que ha sido la más destacada protagonista, junto a la policía, en erradicar de España la lacra terrorista, a costa de sufrir centenares de muertos en esa lucha contra la hiena etarra, lo que la ha llevado a ser la institución más valorada por la ciudadanía española, que sabe que sus miembros se sacrifican diariamente en beneficio de los ciudadanos, de su paz, seguridad, bienestar y tranquilidad y siempre cumpliendo y haciendo cumplir la ley, estando dispuestos a ofrendar su vida en ese benemérito empeño y para los cuales el honor es su principal divisa.

Pero, efectivamente, en todas las instituciones, grupos sociales y profesionales hay “garbanzos negros”, y uno de ellos fue el que protagonizó el gratuito y desagradable incidente con el editor de este digital.

La disciplina es uno de los valores esenciales de la Guardia Civil. Sancionar a los que la infringen solo redunda en beneficio de la institución, de su ejemplaridad y del prestigio y admiración de que goza, y seguirá gozando, por el intachable comportamiento de la gran mayoría de sus integrantes, entre el pueblo español.

1 Comment Responder

  1. Efectivamente Fuentes Informadas, como la inmensa mayoría de la ciudadanía, conocemos muy bien la altísima profesionalidad y preparación de la Benemérita, pero también que el derecho a la información veraz es el pilar fundamental de los sistemas democráticos que no puede ser cercenado. Excelente articulo que no pierde la objetividad sobre lo que cuenta.

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