Juventud propone prohibir la entrada a menores en toros y caza

El Ministerio que dirige Sira Rego plantea prohibir la participación y asistencia de niños y adolescentes a espectáculos con violencia animal y ampliar la protección judicial frente a abusos

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere dar un paso más en la protección de los menores y propone prohibir que niñas, niños y adolescentes participen o asistan a actividades donde se ejerza violencia contra animales, como espectáculos taurinos o jornadas de caza. La medida se incluiría en la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

La iniciativa llega después de que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas volviera a instar a España, en su examen en Ginebra, a impedir la presencia de menores en este tipo de eventos.

La ministra Sira Rego defendió públicamente la reforma y aseguró que con ella se da respuesta a una demanda que la ONU viene reiterando desde 2018. Según explicó, la modificación es “imprescindible” para garantizar plenamente los derechos de la infancia y la adolescencia.

Desde el departamento sostienen que la exposición a situaciones de violencia puede entrañar riesgos físicos y psicológicos para los menores. Entre ellos, señalan la posible desensibilización ante el sufrimiento ajeno, la normalización de la violencia como entretenimiento y un impacto negativo en el desarrollo emocional y en la forma de entender la resolución de conflictos.

El texto ya ha sido trasladado a los ministerios implicados y, según Juventud, se encuentra pendiente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia antes de su aprobación en Consejo de Ministros.

Cambios en la protección a la infancia

La ampliación de la LOPIVI no se limita a esta prohibición. El Ministerio plantea reforzar la prevención de la violencia contra menores y mejorar su protección judicial. Entre las medidas destacadas figura la obligación de escuchar a los menores en procesos judiciales que les afecten, con independencia de su edad, superando el límite actual fijado en los doce años.

También se propone ampliar en diez años el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores. Si prospera la reforma, el cómputo comenzaría cuando la víctima cumpla 45 años, en lugar de los 35 actuales.

Otra novedad sería la inclusión de la violencia de género entre los delitos que impiden ejercer profesiones u oficios con contacto habitual con menores.

Por último, el texto incorpora el reconocimiento de la violencia institucional en una ley estatal, con el objetivo de que cualquier omisión o actuación negligente que comprometa la protección de un menor sea identificada, investigada y reparada.

La propuesta abre ahora un nuevo debate político y social sobre los límites entre tradición, derechos culturales y protección de la infancia, en un contexto en el que España vuelve a estar bajo el foco de los organismos internacionales en materia de derechos del menor.