El Congreso da luz verde a endurecer la multirreincidencia con apoyo de PSOE, PP, PNV, Junts y Vox y el rechazo de Sumar

La reforma penal avanza al Senado tras evidenciar la división en el bloque de Gobierno y un intenso debate sobre seguridad y punitivismo

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma penal que endurece el castigo a la multirreincidencia, una iniciativa impulsada por Junts per Catalunya y respaldada por PSOE, PP, PNV, Vox y UPN. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado.

La votación ha evidenciado una fractura dentro del bloque de investidura. Mientras el PSOE ha apoyado la medida, Sumar ha votado en contra, junto a Podemos, Bildu, BNG y Compromís. ERC, por su parte, ha optado por la abstención tras alcanzar un acuerdo para ampliar la plantilla judicial en Cataluña.

La reforma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aumentar las penas en casos de hurtos y estafas reiteradas. Cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, se impondrá multa. Sin embargo, si el autor acumula condenas previas por delitos similares, la pena podrá elevarse hasta tres años de prisión.

También se introduce un agravante específico cuando el objeto sustraído sea un teléfono móvil u otro dispositivo con datos personales. Además, el texto amplía la consideración de multirreincidencia a determinados supuestos de estafa y contempla medidas cautelares como la prohibición de acudir a determinados lugares.

Durante el debate, los grupos favorables defendieron que la reforma responde a una demanda social y judicial. Argumentan que el pequeño delito repetido deja de ser menor cuando se convierte en hábito y genera sensación de impunidad.

Debate político y choque de enfoques

El debate parlamentario dejó patente la diferencia de enfoques sobre la política criminal. Desde Junts, se defendió que la norma surge de la experiencia de alcaldes y territorios que reclaman herramientas eficaces frente a la reincidencia en hurtos y estafas. El PP subrayó que “reincidir no puede salir gratis” y que el delito no debe resultar rentable.

Vox calificó la reforma de necesaria, aunque insuficiente, y el PNV sostuvo que la legislación vigente resultaba ineficaz en determinados casos, generando la percepción de que el delincuente entraba por una puerta y salía por otra, según Europa Press.

En el lado opuesto, Sumar denunció un enfoque basado en la mano dura con los más débiles, mientras —a su juicio— persisten otras formas de impunidad. También alertó sobre el riesgo de vincular delincuencia e inmigración en el debate público. Bildu y Podemos criticaron lo que consideran “populismo punitivo”, defendiendo que el aumento de penas no resuelve el problema estructural.

ERC justificó su abstención tras pactar el refuerzo de la administración de justicia en Cataluña con 180 nuevos jueces, aunque insistió en que la solución no pasa únicamente por endurecer el Código Penal.

La reforma llega tras meses de bloqueo político y negociaciones intensas. Más allá del resultado, el debate refleja una cuestión de fondo: cómo equilibrar seguridad, prevención y proporcionalidad en la respuesta penal. El Senado tendrá ahora la última palabra antes de que la nueva regulación entre en vigor.