El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado explicaciones formales por escrito a las instituciones europeas tras la aprobación en España de una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. Washington considera que esta decisión puede tener implicaciones relevantes para la seguridad y la estabilidad del espacio Schengen, al tratarse de una medida que trasciende el ámbito estrictamente nacional.
Según fuentes diplomáticas citadas por El Español, un alto cargo de la Administración estadounidense trasladó recientemente a un responsable comunitario su preocupación por la iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La medida, acordada con sus socios parlamentarios, podría beneficiar a entre 500.000 y 840.000 personas, que obtendrían permiso de residencia y trabajo en España y, por tanto, libertad de circulación por el espacio Schengen.
Aunque la política migratoria es competencia de cada Estado miembro, desde la Comisión Europea se ha recordado que decisiones de esta magnitud tienen efectos directos sobre el conjunto de la Unión. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha advertido de que las regularizaciones masivas pueden no tener suficientemente en cuenta sus implicaciones en materia migratoria y de seguridad dentro del espacio común.
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud en Bruselas es el sistema previsto para la verificación de antecedentes penales. El procedimiento contempla que, si el país de origen del solicitante no responde en un plazo de 30 días, sea válida una declaración responsable del interesado para acreditar la ausencia de antecedentes, un mecanismo que, según fuentes policiales europeas, podría presentar debilidades.
La cuestión ha sido abordada en contactos diplomáticos entre representantes europeos en Washington y el Departamento de Estado. En esas conversaciones, la Administración estadounidense habría destacado las políticas de control migratorio aplicadas por otros países del sur de Europa, como Italia, Grecia o Chipre, mostrando su sorpresa ante la orientación adoptada por España.
Desde Bruselas se ha trasladado que la Comisión Europea no dispone de competencias directas para bloquear la medida española, más allá de ejercer presión política. No obstante, el episodio refleja las tensiones que la iniciativa ha generado tanto en el ámbito comunitario como en el plano internacional.