La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que impulse el bloqueo de todas las páginas web extranjeras que ofertan servicios de gestación subrogada en España. En una carta remitida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio Público reclama que el Gobierno adopte medidas para impedir el acceso a 13 empresas radicadas fuera de la Unión Europea que, a su juicio, realizan “prácticas comerciales ilegales” sobre los vientres de alquiler, prohibidos en España.
La iniciativa parte de una investigación coordinada con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, tras denuncias presentadas por entidades públicas y privadas y con la intervención del Defensor del Pueblo. La Fiscalía recuerda que la reforma de la ley del aborto de 2023 prohibió expresamente la promoción comercial de la gestación subrogada, pero sostiene que aún existen empresas que se publicitan y operan en el mercado español a través de internet.
Según el comunicado, las actuaciones buscan exigir responsabilidades “en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información”, en defensa del derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de los derechos de consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales consideradas ilegales. La Fiscalía entiende que la publicidad y captación de clientes desde España vulnera la normativa vigente.
El escrito identifica a 13 empresas que ofrecen servicios relacionados con la gestación por sustitución y la donación de óvulos. Siete de ellas tienen su sede en Estados Unidos o prestan servicios en ese país, mientras que el resto operan en Georgia, Ucrania, México, Colombia y Chipre.
Entre las medidas solicitadas figura la retirada de los contenidos vinculados a la gestación subrogada de las webs señaladas. Para garantizarlo, la Fiscalía pide que se requiera a los cinco principales proveedores de acceso a internet en España que bloqueen los nombres de dominio y cualquier subdominio asociado a estos servicios.
Asimismo, solicita el cierre de “todas aquellas webs proxy, IP, URL o cualquier otra forma técnica de migrado” que permita eludir los bloqueos y facilitar el acceso a estas páginas. Con ello, el Ministerio Público pretende impedir que se continúe promocionando desde el extranjero una práctica cuya publicidad está expresamente vetada por la legislación española.