El Gobierno destina 111 millones a la licitación de pulseras antimaltrato

La nueva licitación busca reforzar la seguridad de las víctimas tras los fallos detectados en el sistema actual de control telemático

El Gobierno ha dado un paso relevante en la lucha contra la violencia machista con la apertura del proceso de licitación para el nuevo sistema de pulseras telemáticas de control a maltratadores. La inversión prevista asciende a 111.100.438 euros y el anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida busca reforzar la protección de las víctimas y mejorar la fiabilidad de los dispositivos actuales.

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres será la encargada de gestionar el contrato. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de marzo. El contrato tendrá una duración de tres años y entrará en vigor a partir del 6 de mayo de 2026 o desde la formalización definitiva del acuerdo.

La licitación llega tras las advertencias sobre el funcionamiento del sistema vigente. La Fiscalía General del Estado señaló en su memoria de 2024 la existencia de fallos técnicos en el llamado Sistema Cometa, responsable del seguimiento telemático. Estas incidencias generaron preocupación, especialmente por el impacto que pueden tener en la seguridad de las mujeres protegidas por órdenes de alejamiento.

Dispositivos más seguros y exigencias técnicas

El Ministerio de Igualdad ha adelantado que los nuevos dispositivos incorporarán mejoras sustanciales. Las pulseras se colocarán en el tobillo, contarán con una batería de mayor duración y estarán equipadas con una tarjeta eSIM no extraíble. Además, se fabricarán con material antivandálico para evitar manipulaciones o sabotajes.

El objetivo es garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares y penas que prohíben a los agresores acercarse a sus víctimas. Este sistema permite controlar en tiempo real la distancia entre ambas partes y activar alertas inmediatas si se produce un incumplimiento. Para muchas mujeres, estas pulseras representan una herramienta clave de protección y tranquilidad.

El proceso de contratación también incluye requisitos estrictos para las empresas que deseen participar. Se exigirá solvencia técnica y experiencia acreditada en trabajos similares realizados en los últimos tres años. Con ello, el Ejecutivo pretende asegurar que el servicio cuente con garantías profesionales y tecnológicas.

La inversión de 111 millones refleja la dimensión del compromiso institucional frente a la violencia machista. Más allá de la cifra, el debate se centra en la eficacia real de los mecanismos de control y en la necesidad de que funcionen sin margen de error.

En un contexto en el que la protección de las víctimas sigue siendo una prioridad social, el nuevo contrato busca reforzar un sistema que puede marcar la diferencia entre la seguridad y el riesgo. La tecnología, en este caso, se convierte en una herramienta esencial al servicio de la justicia y la prevención.