Salud mental y servicio público

El tema de la salud mental es, sin duda, complejo, máxime si consideramos que tanto en nuestro país como, de manera más acentuada, en nuestro estado, se han dado muestras claras de que este ámbito no constituye una prioridad dentro de las políticas públicas. A ello se suma que la salud mental debe entenderse no sólo como un asunto sanitario, sino también como una dimensión fundamental de la cultura cívica y social.

De acuerdo con diversos estudios, aproximadamente tres de cada 10 personas, es decir, cerca del 38% de la población mexicana, presenta algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Las problemáticas son múltiples, según las estadísticas disponibles. En particular, datos del Inegi, correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de junio y el 23 de julio de 2021, revelan que la ansiedad y la depresión afectan a casi la mitad de la población adulta.

Por otro lado, información de carácter periodístico señala que alrededor del 60% de las personas con algún trastorno mental no recibe tratamiento. Se estima que sólo dos de cada 10 acceden a algún tipo de atención, la cual, además, no siempre resulta adecuada ni suficiente.

Otra problemática relevante se relaciona con el sector profesional de la salud mental. En las instituciones públicas, se habla de una proporción aproximada de 1.1 especialistas por cada 100 000 habitantes, mientras que, en términos generales, sumando los sectores público y privado, el gremio de la salud mental alcanza apenas 3.7 profesionales por cada 100 000 habitantes. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala que, como mínimo, sería recomendable contar con cinco psiquiatras por cada 100 000 habitantes.

En México, sin embargo, existe una marcada disparidad y una distribución desigual de estos recursos humanos.

La problemática se agrava cuando se intenta obtener información específica sobre la atención en salud mental de los funcionarios públicos que laboran para el Estado mexicano, ya que el Inegi recopila datos únicamente de la población en general, sin distinguir este sector estratégico.

Lo anterior no es un asunto menor si se considera que quienes tienen la obligación de atender a la ciudadanía —que de por sí acude a las instituciones públicas por situaciones conflictivas o problemáticas— carecen de evaluaciones claras y sistemáticas en este ámbito. Resulta particularmente preocupante que no existan datos oficiales, ni en el Inegi ni en revistas especializadas mexicanas, que den cuenta de esta situación.

De igual forma, tampoco se dispone de una cifra oficial y cuantitativa que indique qué instituciones públicas del Estado mexicano exigen, en primer lugar, una evaluación de salud mental para la incorporación de sus funcionarios y, en segundo término, si durante el ejercicio profesional se atiende y da seguimiento a esta problemática social.

Es cierto que en algunas instituciones existen avances. Por ejemplo, en el Estado de México, el ingreso al Poder Ejecutivo exige como requisito un procedimiento de evaluación psicométrica. Algo similar ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con su reglamento interno. Asimismo, en entidades como Chihuahua, ciertos acuerdos y procedimientos internos contemplan pruebas de esta naturaleza para la selección de personal. No obstante, persiste la misma disyuntiva: la falta de evidencia cuantitativa y cualitativa que permita definir con claridad qué ocurre realmente en torno a este delicado tema.

Retomando el debate, uno de los aspectos más discutidos en la actualidad resulta especialmente revelador: cuando se trata del acceso a cargos de elección popular, la salud mental no es un requisito contemplado por la ley ni, mucho menos, un criterio considerado por los votantes.

Esta reflexión adquiere un carácter urgente y profundamente revelador frente a la complejidad abrumadora que los ciudadanos observamos, con creciente estupor, en el ejercicio del poder. Día tras día, como un clamor colectivo que emerge de las calles y se amplifica en las pantallas, las manifestaciones sociales señalan la aparente locura institucionalizada de quienes, desde las cúpulas del Estado, dirigen los destinos del país. Ya sea desde la elaboración de las leyes, las resoluciones judiciales o los gabinetes del poder ejecutivo, muchas de sus decisiones parecen responder a una lógica distorsionada, ajena a la realidad cotidiana del ciudadano común.

No se trata, en numerosas ocasiones, de simples errores de cálculo. Son determinaciones temerarias que, con la frialdad de un acto administrativo, colocan en riesgo el destino de miles —incluso de millones— de personas. Se juega con el fuego en el ámbito económico, donde el bienestar de familias enteras puede desvanecerse mediante un decreto; se apuesta a la ruleta rusa en el terreno político, erosionando las bases de la convivencia democrática; y se cruza una línea especialmente peligrosa cuando estas decisiones debilitan la seguridad pública, dejando en el abandono a quienes se supone deben ser protegidos.

La imagen es la de una nave a la deriva, cuyo timón parece girar inexorablemente hacia el abismo, mientras en cubierta la tripulación —el pueblo— observa con indignación, incredulidad y un temor cada vez más difícil de silenciar. El costo de esta sinrazón no es abstracto: se mide en vidas truncadas, en futuros cancelados y en la lenta desesperanza que va carcomiendo el tejido moral de una nación.

En conclusión, no debería sorprendernos que cada noticia difundida y repetida en redes sociales y medios de comunicación revela una problemática profunda y desatendida. Nos vemos obligados a suponer, ante la ausencia de datos y controles específicos, si a quienes depositamos la conducción de la nación se encuentran realmente en pleno uso de sus facultades. En México, como en el mundo, vale la pena reflexionar sobre la frase de Salvador Dalí: «México es más surrealista que mis pinturas».

*Por su interés reproducimos este artículo de Francisco de León publicado en el Diario de Chihuahua.