Andorra se plantea si debe ser el rey Felipe VI su copríncipe, como lo es Macrón por parte de Francia, o debe seguir al mando el obispo de Urgell

El nombramiento por parte del prelado del español Víctor Torre de Silva como magistrado del Constitucional ha desatado polémica en el país pirenaico

Como hace días hemos informado, monseñor Josep-Lluis Serrano Pentinat, en su condición de copríncipe del Estado de Andorra, ha hecho uso de la facultad que la Constitución de ese país le otorga designando a uno de los cuatro magistrados de su Tribunal Constitucional.

El nombramiento ha recaído en el letrado mayor del Consejo de Estado español Víctor Torre de Silva y López de Letona, que tomó posesión de su nuevo cargo el 19 de diciembre de 2025, jurando fidelidad a la Constitución del Principado. 

Los compuestos apellidos del agraciado ya dan idea de su pertenencia a la alta burguesía madrileña, que, a falta de antepasados con genuinos méritos intelectuales, científicos, militares (distintos de ametrallar al pueblo indefenso en golpes de Estado o a bandas de rifeños, aunque esto último con desigual fortuna como ocurrió en Annual), financieros o políticos (también distintos de formar parte de la rapaz clase dirigente de la restauración canovista, enriquecida con los enjuagues y trapacerías caciquiles que terminaron carcomiendo el sistema).

Alfonsinos

Y dieron al traste con la degenerada dinastía alfonsina, abocando a España al desastre de la Segunda República, aborrece apellidarse Torre o López, como el común de los ciudadanos del país y, sustituye apellidos que considera vulgares uniendo los suyos hasta formar largos y ridículos bodrios que estima que le confieren pedidrí.

La designación de Torre de Silva (sin que se sepa, todavía, que haya pasado a situación administrativa distinta de la que, como letrado mayor del Consejo de Estado español, ocupaba antes de jurar su nuevo cargo en un Estado extranjero y tomar posesión del mismo, si bien se espera una pronta aclaración de esta cuestión por la presidencia del Consejo) ha causado indignación en amplios sectores de la opinión pública y la clase política andorrana, como pone de relieve la prensa del Principado.

Imparcialidad

Su orientación política, muy escorada a la derecha más rancia y radical y su ultramontana militancia religiosa, ambas legítimas, no lo hacen, a juicio de los citados sectores, adecuado para ejercer un cargo en una Corte de garantías que requiere de una exquisita ponderación, mesura y neutralidad en quienes lo ejercen; en definitiva, imparcialidad.

No existen razones para poner en duda la imparcialidad subjetiva de Torre de Silva, pero su desempeño político y su no ocultada orientación religiosa hacen que su necesaria apariencia de imparcialidad objetiva resulte difícil de tomar en serio.

La nominación de Torre de Silva ha sido una torpeza, como mínimo, de monseñor Serrano y la prensa andorrana muestra, en unos casos abiertamente y en otros de forma más soterrada, su discrepancia con la decisión del copríncipe, resaltando los aspectos controvertibles de la biografía de Torre de Silva.

Su estrecha unión ideológica al PP (entre 1996 y 2000 fue director del Gabinete de la Presidencia del Congreso de los Diputados cuando la ejercía Federico Trillo y entre 2000 y 2004 Subsecretario del Ministerio de Defensa cuando Trillo ostentaba la cartera ministerial, en la que tan mal recuerdo dejó)-

Y al Opus Dei (conocido por sus posturas ultraconservadoras en materia religiosa y sus fuertes y opacas influencias, intereses e injerencias en temas políticos y económicos, lo que le ha granjeado un fuerte rechazo en amplios sectores sociales españoles) no lo hacen apto, según fuentes consultadas en Andorra, para ejercer el cargo al que, con una necedad sin precedentes, lo ha aupado el obispo Serrano.

La ideología política y religiosa de Torre de Silva no parecen hacerlo juez adecuado para dirimir ciertos temas conflictivos que previsiblemente confluirán en la Corte de Garantías del Principado en un futuro próximo.

Asuntos como los de la operación Cataluña, en el que se encuentran investigados Mariano Rajoy y algunos de sus ministros. 

O el caso de la Banca Privada de Andorra, turbio asunto que provocó la llamada policía patriótica española (en que están implicados Mariano Rajoy y los que fueron sus ministros de Interior y Hacienda Fernández Díaz y Montoro), ocasionando la quiebra del segundo banco más rentable de Europa, propiedad de los españoles hermanos Cierco, en base a una información mendaz según la cual en esa entidad depositaban fondos ilegalmente sacados de España determinados independentistas catalanes,

En realidad, los ingresos se hacían por los secesionistas (entre ellos los Pujol) en centenares de cuentas, y, lo que es peor, por el hoy Rey Emérito (a través de las oscuras fundaciones Zagatka y Lucum y la mercantil panameña Stream, S.A.), en la entidad rival, Andbank (en la que Juan Carlos I llegó a ocultar 10 millones de euros), en la que destacados miembros del gobierno del Principado de la época tenían intereses y que aprovecharon la ocasión (y el interés del gobierno de Rajoy en proteger al ex-Rey) para eliminar torticeramente a un competidor, iniciando en 2015 un proceso de intervención y liquidación de la Banca Privada de Andorra con pérdidas que superan los 500 millones de euros. 

Según informa La Veu Llibre, la recusación de Torre de Silva en el caso de la Banca Privada de Andorra está ya siendo objeto de estudio por el conflicto de intereses que puede plantear su intervención en relación a la operación Cataluña; de darse el caso, y admitirse la recusación, sería llegar y besar el santo.

Y finalmente, no parece que la imparcialidad objetiva, o la apariencia de la misma, de Torre de Silva se halle garantizada en el asunto de la ley que ofrece cobertura a las andorranas que deseen interrumpir voluntariamente su gestación en España o Francia; su legítima, y sin duda sincera, acérrima militancia religiosa permite albergar dudas más que razonables acerca de dicha imparcialidad.

Tampoco ha sentado nada bien en la opinión pública andorrana, tan celosa de su idiosincrasia, que, como pone de relieve La Ciutat, el nuevo magistrado del TC “no entiende ni jota de catalán, la lengua en la que, en teoría, debería hacer su trabajo”.

Andorra es el único Estado del mundo cuyo idioma oficial es el catalán.

En relación con esta cuestión, y según nos informan fuentes del Principado, se teme que las sentencias de las que sea ponente Torre de Silva pudiera ser que se redactaran en el palacio episcopal de Urgel, con la consiguiente quiebra del principio de separación de poderes que la Constitución de 1993 consagra y del derecho al juez predeterminado por la ley.

En definitiva, parece que el copríncipe Serrano, en un temerario rapto de audacia y descaro (impropio de su condición de diplomático de la Secretaría de Estado de la Santa Sede), ha querido amarrar determinados temas que afectan directamente a poderosos e influyentes sectores políticos y económicos del Estado pirenaico con los que, nos aseguran en Andorra, mantiene una excelente relación, así como, de paso, a la propia Iglesia Católica.

Y ello a costa de poner en grave riesgo de ruptura el delicado mosaico de intereses y equilibrios que mantienen la paz y estabilidad social y política y la prosperidad económica de que goza Andorra.

El TC del Principado desempeña, dado el diseño constitucional establecido en 1993, un papel clave en la resolución definitiva de determinadas cuestiones sensibles, como las relativas a derechos fundamentales.

El encaje institucional de los poderes del Gobierno o Consell y los copríncipes o los debates sociales y políticos que se están planteando últimamente en una sociedad que ha pasado, en pocos años, y no sin sufrir fuertes tensiones internas e internacionales, de ser una economía basada en la agricultura y el contrabando a constituir una potencia financiera, turística y comercial.

Estado Feudal

Andorra ha sido un Estado prácticamente feudal hasta que se aprobó la Constitución de 1993. Con un crecimiento espectacular, ha pasado de una economía de subsistencia al final de la Segunda Guerra mundial a una desarrollada economía de mercado en la actualidad.

Su equilibrio político, caracterizado por una soterrada lucha entre el Consell General o gobierno y los representantes en el país de los copríncipes es muy delicado, además de estar marcado por su situación geográfica, como Estado interior, entre España y Francia.

La jefatura del Estado es dual, y está ejercida por dos copríncipes, el laico o secular, que es el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron, como heredero de los derechos del conde de Foix y posteriormente del Rey de Francia, y el episcopal, el obispo de Seo de Urgel Josep-Lluis Serrano Pentinat.

El obispo de Urgel recibió en el siglo XII sus derechos sobre el territorio del conde de Urgel Ermengol VI, que, al perder interés en sus dominios sobre los improductivos valles de Andorra, los cedió al mitrado de Urgel.

Ahí está el origen de este hoy en día anómalo caso de que un alto miembro de la Iglesia católica ejerza poderes seculares efectivos en un Estado. 

Desde el Concilio Vaticano II la jerarquía católica ha ido renunciando a cualquier ejercicio de poder temporal en el ámbito de los Estados, aunque resulten ser de población mayoritariamente católica.

Como es lógico, tan solo el Estado Vaticano es una excepción a esa evolución en virtud de los Pactos de Letrán con el Estado italiano.

La sociedad andorrana, uniformemente católica hace no muchos años, últimamente, por razón del exponencial crecimiento de su economía y la inmigración, se ha visto incrementada tanto en su número como en sus creencias religiosas, dejando atrás la homogeneidad que hasta finales del pasado siglo la caracterizaba; ahora el número de católicos nominales, con ser ampliamente mayoritario, no llega al 80%.

Pero, no obstante, nutridos sectores de la sociedad del Principado y un cada vez más numeroso núcleo de políticos del país se plantean la existencia del copríncipe episcopal.

Los poderes que la Constitución otorga a los copríncipes son importantes-

Y que estén en manos de quien es jerarca de la Iglesia católica puede ocasionar, como ha sido el caso del nombramiento de Torre de Silva, resquemores y alarmas en una parte de la sociedad que, aun profesando y practicando la religión católica, cree que, al no proclamar la Constitución de 1993 la oficialidad de ningún credo religioso en el Principado (aunque mencionando expresamente a la Iglesia católica), la función de ese copríncipe debería, mediante la oportuna reforma constitucional, atribuirse al Rey de España, como sucesor del conde de Urgel, que la ejercería, en cuanto monarca constitucional, con mayor equilibrio y adaptación a la realidad social que un pastor de la Iglesia.

Por otro lado, esos sectores consideran que el nuevo Pontífice, el norteamericano León XIV, no vería con malos ojos que la Iglesia renunciara a ejercer funciones que, por su carácter temporal y concretamente político, inevitablemente la colocan en el centro de debates a los que debe ser ajena, según ya señaló Jesucristo cuando dijo dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

La decisión del copríncipe episcopal de designar a un magistrado de tan marcado perfil conservador en lo ideológico y lo religioso como es Torre de Silva ha causado honda inquietud en determinados segmentos de la opinión pública andorrana, que echan de menos en monseñor Serrano la ecuanimidad y equilibrio de que hace gala el copríncipe laico. 

Esa es la razón, según nuestras fuentes, de que una parte creciente de la población del Principado y de su clase política hayan comenzado a plantearse un cambio constitucional dirigido a que el coprincipado correspondiente a España deje de estar en manos de un obispo.

Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia católica ha venido renunciando a cualquier ejercicio de poder temporal y a las prerrogativas y problemas seculares vinculados al mismo, para poder así ejercer, con total libertad y sin contradicciones, su labor espiritual y pastoral. 

Grandes capas de la población de Andorra, sin renunciar a sus creencias mayoritariamente católicas, y una parte cada vez más importante e influyente de su clase política se están planteando la oportunidad de un cambio constitucional.

Cambio que permitiría sustituir al copríncipe episcopal por el Jefe del Estado español, verdadero sucesor del conde de Urgel, y que, por su condición de monarca constitucional, ejercería sus funciones, a través de su representante en Andorra, con la necesaria ecuanimidad, moderación e imparcialidad, sin intervenir en el juego político y mediatizarlo, como ha hecho el obispo Serrano.