García-Page pide elecciones tras el nuevo modelo de financiación: «Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos»

9 de enero de 2026
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. | EP

El presidente de Castilla-La Mancha asegura que el principio de ordinalidad para Cataluña supone “posiblemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha endurecido su discurso contra la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica y ha llegado a reclamar elecciones generales antes de que avance lo que considera una reforma impuesta por los socios independentistas. “Prefiero elecciones antes de que avance un atropello de esta naturaleza”, afirmó durante un acto en Ciudad Real, donde defendió que “sobre esto deben opinar todos los españoles”.

Las declaraciones de Page han situado el debate en el centro de la actualidad política y han evidenciado las tensiones internas dentro del PSOE. El dirigente socialista advirtió de que el cambio propuesto afecta al futuro del país: “Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos”, subrayó, reclamando que sea el conjunto de la ciudadanía quien se pronuncie sobre una reforma de tal calado.

El plan del Gobierno, impulsado por el Ministerio de Hacienda, plantea un nuevo modelo de financiación que incrementaría los recursos de las comunidades autónomas en casi 21.000 millones de euros en 2027. No obstante, introduce el principio de ordinalidad para Cataluña, una fórmula que no se aplicaría al resto de territorios y que se ha convertido en el principal foco de controversia.

Una reforma «necesaria»

El Ejecutivo defiende que la reforma es necesaria y recuerda que el sistema actual “tiene ya 17 años”, en palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma”, aseguró, aunque reconoció que el principio de ordinalidad situaría a Cataluña como “la tercera que más aporta y la tercera que más recibe”.

Desde el Gobierno también se insiste en que todas las comunidades saldrán beneficiadas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, planteó la pregunta clave del Ejecutivo: “¿Quién se va a oponer a que se reciban más fondos para las comunidades autónomas?”, y puso como ejemplo a Canarias, que obtendría 611 millones de euros adicionales al año.

Page, sin embargo, rechaza ese planteamiento y cuestiona la equidad del modelo. “No vale que el pastel sea más grande porque los trozos son más injustos. Sólo se ha pensado en un territorio”, denunció, antes de advertir de que la ordinalidad supone “posiblemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles”, una crítica que resume el choque político y territorial abierto en torno a la reforma.

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