El Gobierno y las CCAA avanzan en el reparto de menores migrantes tras meses de tensión institucional

La RAE anunció recientemente la incorporación del uso despectivo del acrónimo ‘mena’ para referirse a estos menores

Aquellos menores migrantes no acompañados (‘mena’) que llegan a España han sido foco de atención durante 2025. Tras un periodo de bloqueo y tensión entre administraciones, el año ha quedado marcado por el acuerdo que permitió establecer un sistema de reparto entre comunidades autónomas. Además, el Tribunal Supremo recordó al Gobierno central su obligación de hacerse cargo de los niños y adolescentes solicitantes de asilo.

En marzo, el Ejecutivo cerró con Junts un acuerdo para el reparto de unos 4.000 menores migrantes localizados en Canarias. En abril, el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto-ley que posibilitó la distribución. La votación registró 179 votos a favor (PSOE y socios), 170 en contra (PP y Vox) y la abstención de UPN.

Durante el debate parlamentario, PSOE y socios pidieron apoyo al real decreto-ley, que aprobó medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias. El texto modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería y estableció criterios de reparto de menores entre las autonomías, según recoge Europa Press.

En agosto, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados. El Gobierno fijó la capacidad ordinaria en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para el conjunto estatal.

A partir de este decreto, las comunidades y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria serán consideradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Lo que activará el protocolo de traslados.

La capacidad ordinaria de acogida quedó establecida en 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las regiones con mayor disponibilidad.

Por territorios restantes: Aragón cuenta con 441 plazas; Asturias, 331; Baleares, 406; Canarias, 737; Cantabria, 194; Castilla y León, 783; Castilla-La Mancha, 692; Extremadura, 344; Galicia, 886; Murcia, 517; Navarra, 223; País Vasco, 731; La Rioja, 107; Ceuta, 27; Melilla, 28.

Menores migrantes solicitantes de asilo

En marzo, el Tribunal Supremo pidió hasta en tres ocasiones que el Ejecutivo se hiciera cargo, con sus propios medios, de unos 1.000 menores solicitantes de asilo en Canarias. El primer auto llegó ese mismo mes. En junio, el Supremo volvió a intervenir y advirtió con sanciones coercitivas si no se actuaba con urgencia. Y en octubre emitió un nuevo requerimiento con un plazo de 15 días improrrogables.

El Gobierno dio por cumplido el auto el 21 de noviembre tras ofrecer 817 plazas para estos menores, coincidiendo con el final del plazo. En diciembre, el Supremo emitió un nuevo requerimiento para que el Gobierno asumiera en 30 días a los menores solicitantes de asilo bajo tutela de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la decisión llegó mediante un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, referido a menores no acompañados que hayan solicitado protección internacional o manifestado voluntad de hacerlo, «con la necesaria colaboración y cooperación de la comunidad autónoma requirente». Los magistrados añadieron que las actuaciones «deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor». Y ordenaron que el Gobierno informe al finalizar el plazo sobre las acciones realizadas.

Aunque la Comunidad de Madrid había presentado un recurso contencioso-administrativo tras la desestimación del requerimiento emitido en julio y solicitó la medida cautelar que el Supremo ratificó.

Término ‘mena’

La RAE anunció recientemente la incorporación del uso despectivo del acrónimo ‘mena’ para referirse a estos menores. El término ya figuraba previamente en el diccionario sin contestación pública, pero las críticas han aumentado a final de año.

Desde el Gobierno, los secretarios de Estado de Migraciones y de Juventud, Pilar Cancela (PSOE) y Rubén Pérez (Sumar), lamentaron su inclusión y advirtieron que el término «deshumaniza». Aunque reconocieron que la RAE actúa como notaria del uso lingüístico. Varias ONG también han expresado rechazo ante la presencia del término en el diccionario.