El Senado lleva al Gobierno al Constitucional por retrasar los Presupuestos

Para los populares, el motivo real sería político: la falta de apoyos parlamentarios suficientes para aprobar unos nuevos Presupuestos

El choque institucional ya es una realidad. El Senado ha decidido acudir al Tribunal Constitucional para denunciar al Gobierno por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Una decisión de gran calado político y jurídico que refleja el creciente malestar por el uso continuado de las prórrogas presupuestarias.

Una obligación constitucional que el Senado dice no poder tolerar

La iniciativa parte del Partido Popular, que hizo valer su mayoría en la Cámara Alta para impulsar un conflicto de atribuciones contra el Ejecutivo. El Senado aprobó esta medida hace dos meses en Pleno y la trasladó formalmente al Gobierno, siguiendo el procedimiento establecido. Desde ese momento, el Ejecutivo disponía de un mes para responder o dejar el conflicto por sustanciado.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha presentado los Presupuestos ni ha dado una respuesta que desbloquee la situación. Ante este escenario, el Senado ha decidido dar el siguiente paso y elevar el conflicto al Constitucional, según Europa Press.

En el texto remitido al alto tribunal, el PP subraya que presupuestar no es una opción política, sino un deber impuesto por la Constitución. La Cámara Alta considera que no puede “admitir ni tolerar” el incumplimiento de esta obligación, ya que afecta directamente a su función constitucional de examinar, modificar y controlar las cuentas públicas.

Además, los populares denuncian lo que califican como una “práctica fraudulenta”: el uso reiterado de modificaciones presupuestarias al margen del Parlamento, derivadas de la falta de nuevos Presupuestos. A su juicio, esta dinámica vulnera el principio de legalidad presupuestaria y vacía de contenido el papel de las Cortes Generales.

Prórrogas encadenadas y un conflicto con consecuencias jurídicas

El Senado pone el foco en una situación que considera anómala y sin justificación. Mantener prorrogados los Presupuestos de 2023 durante 2024, 2025 y previsiblemente 2026 solo encuentra un precedente comparable en 2020, cuando la crisis de la COVID-19 llevó al Ejecutivo a prorrogar las cuentas de 2018. La diferencia, según el PP, es clara: ahora no existe una causa extraordinaria que lo explique.

Para los populares, el motivo real sería político: la falta de apoyos parlamentarios suficientes para aprobar unos nuevos Presupuestos. Pero el texto es contundente al respecto: los motivos políticos no pueden justificar el incumplimiento de una obligación constitucional ni impedir que el Senado ejerza sus competencias.

Por ello, la Cámara Alta solicita al Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado las atribuciones del Senado, que anule las prórrogas presupuestarias aprobadas desde 2024 y que establezca un plazo máximo para que el Ejecutivo cumpla con su deber de presentar las cuentas públicas.

Más allá del debate técnico, el conflicto refleja algo más profundo: una tensión institucional creciente sobre el funcionamiento del sistema. El Constitucional tendrá ahora la palabra. Su decisión no solo marcará el futuro de los Presupuestos, sino también el equilibrio entre Gobierno y Parlamento en uno de los pilares básicos de la democracia: el control del gasto público.