La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta ocho años y dos meses de cárcel a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas juzgadas en la pieza del caso Púnica relativa a la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio de sobornos a alcaldes y funcionarios de la Comunidad de Madrid. Los magistrados consideran probadas «prácticas corruptas» entre marzo de 2012 y octubre de 2014.
El empresario y asesor comercial David Marjaliza ha sido condenado a ocho años y dos meses de cárcel por varios delitos, incluyendo organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil, aunque se le aplican atenuantes por confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
También han recibido penas de prisión el entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice y los directores comerciales Constantino Álvarez y Pedro García, con seis años de cárcel cada uno. Los magistrados destacan que las políticas internas de cumplimiento de la empresa no fueron eficaces para prevenir las actividades corruptas de varios directivos.
«En definitiva, lo que resulta de la valoración conjunta de la prueba practicada es que los empleados de Cofely implicados en estos hechos desarrollaron la mecánica delictiva involucrando a varios departamentos de la compañía durante tres años, sin que encontraran ninguna traba, al revelarse como ineficaces las medidas anticorrupción proclamadas formalmente pero que no se desarrollaron en orden a prevenir y detectar», subrayan los jueces.
Entre los exalcaldes condenados figuran José María Fraile (Parla) con dos años de prisión, Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) con tres años de inhabilitación especial, Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) con cuatro años y medio, Agustín Juárez (Villalba) con cuatro años y medio, Daniel Ortiz (Móstoles) con tres años y Antonio Sánchez (Serranillos del Valle) con tres años de cárcel. Fueron absueltos José García (Almendralejo) y José Carlos Boza (Valdemoro).
La sentencia describe a Marjaliza y a los responsables de Cofely como parte de una organización criminal que operaba mediante sociedades instrumentales y testaferros, con planificación integral y vocación de permanencia, para obtener contratos de eficiencia energética mediante sobornos a autoridades y técnicos municipales.
El tribunal aplicó la atenuante de confesión tardía a una docena de acusados, incluida la cúpula de Cofely, destacando que su colaboración fue real, activa y eficaz. Además, se reconocieron atenuantes por dilaciones indebidas, debido a que el proceso se prolongó once años, y por reparación del daño, ya que varios de los acusados entregaron cantidades económicas para resarcir el perjuicio causado.