¿Quiénes salvaron a Juan Carlos I? ¿Los empresarios que le dieron los 4 millones o la Fiscalía y la AEAT, que blanquearon su regularización fiscal ‘no espontánea’?

Sin la aceptación de una de las regularizaciones fiscales menos espontáneas o voluntarias que se conozca los empresarios no hubiesen tenido que prestar o donar dinero al emérito

El rey honorífico o emérito regularizó 5.074.295,96 euros en dos declaraciones. Ahora la leyenda urbana dice que los que le permitieron evitar la imputación por delito fiscal fueron los empresarios que le prestaron 4.395.901,96 para pagar a Hacienda en su segunda regularización. La realidad: la Fiscalía y la Agencia Tributaria aceptaron declaraciones contrarias a la práctica habitual al faltad el requisito legal de la espontaneidad.

La “espontaneidad” que exige la ley para que una persona que en el curso de una investigación por presunto fraude fiscal, ¿se ha cumplido en el caso de Juan Carlos I?

El artículo 305.4 del Código Penal dice:

Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La investigación de Yves Bertossa, fiscal de causas complejas de Ginebra, Suiza, fue la que desencandenó oficialmente el conocimiento de las prácticas de Juan Carlos I, a raíz de serle transferido 80 millones de dólares -64,8 millones de euros al cambio del 8 de agosto de 2008- a una cuenta bancaria a nombre de su sociedad panameña Fundación Lucum, cuenta abierta por Juan Carlos Borbón en la Banque Mirabaud de la capital helvética.

El origen de las diligencias en Ginebra fue el chivatazo en la prensa digital española de la antigua amante del rey honorífico o emérito: Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Bertossa se hizo con toda la documentación de las cuentas bancarias en Suiza del entonces rey dd España, como resultado de una entrada y registro en el despacho Rhône Gestión, sociedad administradora que Juan Carlos I contrató por recomendación de sus amigos, los famosos primos millonarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina. Eso ocurrió en agosto de 2018.

En Rhône Gestion el especialista en movimientos opacos de millonarios españoles vía una macrocuenta llamada Soleado se llamaba Arturo Fassana.

Fue en el curso de dicha investigación que Bertossa se encontró con la documentación de los viajes que había pagado la Fundación Zagatka -enigma en ruso- a Juan Carlos I en jet privado que, después de su abdicación, en junio de 2014, ascendían a más de 7 millones de euros. 

Hasta junio de 2014 hubo viajes, pero es a partir de la abdicación que el honorífico o emérito perdió su privilegio de la inmunidad constitucional. O al menos de la interpretación favorable a sus intereses de esa inmunidad (artículo 56.3 de la Constitución).

Los datos llegaron a España en respuesta a una comisión rogatoria enviada por la Fiscalía. 

Los fiscales interrogaron por video conferencia a un primo remoto de Juan Carlos I, quien sostiene ser el propietario de Zagatka, fundación creada en Liechtenstein en 2003 en la que figuraban como beneficiarios, además de Juan. Carlos I, el entonces príncipe de Asturias, Felipe, y las infantas Cristina y Elena.

Todas estas informaciones fueron aireadas en los medios de comunicación, de tal modo que las revelaciones de Corinna zu Sayn Wittgenstein, de mediados de junio de 2018, fueron ampliadas con las ingentes noticias publicadas

Pero, además, la Fiscalía del Tribunal Supremo, a cargo de la investigación sobre el aforado Juan Carlos I, se dirigió a su abogado el exfiscal anticorrupción Javier Sánchez Junco, para que, ante esa situación de conocimiento público de las diligencias, se personara directamente en la causa. 

Sánchez Junco, que sabía todo lo que tenía que saber y mucho más, -por lo que le confiaba su cliente el honorífico- que conocía al responsable de las diligencias -el teniente fiscal del Supremo, es decir, el numero 2 de la Fiscalía General del Estado, Juan Ignacio Campos– respondió que no se personaba.

Era pertinente saber, pues, cuál era la conducta de la Fiscalía del Supremo. Para ello me puse en contacto con Juan Ignacio Campos, con quien ya había hablado en otras ocasiones.

El martes 6 de abril de 2021 a las 11 horas mantuve la siguiente conversación con Campos:

Pregunta: La defensa de Juan Carlos I, ¿ha sido notificada de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Supremo?

Respuesta: Sabes que conozco biuen al abogado de la defensa del rey emérito, Javier Sánchez Junco. Nada más abrirse las diligencias en junio de 2020 se las notificamos. Les ofrecimos personarse. Dio acuse de recibo. Contestó que agradecía el aviso y que lo consultaría con su cliente. Nos respondió después que no se personaría.

Pregunta: Y esa notificación, ¿se volvió a repetir con las otras dos diligencias iniciadas más tarde?

Respuesta: Así es. Se les volvió a notificar cada vez que abrimos nuevas diligencias. Mismo procedimiento.

Campos resumió: “Las instrucciones que trasladé a mi equipo debían respetar escrupulosamente tres conductas procesales: la notificación al representante legal del rey emérito de cada una de las diligencias de investigación a medida que se fueran abriendo, la oferta de personación en ellas del emérito y la prórroga de la investigación cada seis meses, si fuese necesario, siempre con motivación, según viene establecido en las normas de la Fiscalía General del Estado”.

Este diálogo está en la página 342 de mi libro El rey al desnudo.. Historia de un fraude, publicado en junio de 2021. Varios periódicos acogieron el anticipo del libro con ese capítulo de la obra por considerar las declaraciones de Campos una primicia informativa.

Después de la publicación del libro -envié a Campos un ejemplar quién me dijo que se trataba de un trabajo solvente, aunque no estuviera de acuerdo en todo lo que se decía en el- hablamos varias veces, una de ella días antes de su muerte sorpresiva el 15 se diciembre se 2021.

Finalmente, en marzo de 2022, la Fiscalía y la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) archivaron la causa contra Juan Carlos I. Es posible que de seguir con vida el fiscal Campos el desenlace hubiese sido el mismo.

¿Por qué consideraron la Fiscalía y la AEAT espontanea una regularización que para nada lo fue?

El abogado Sánchez Junco no necesitó personarse porque lo sabía todo de las diligencias. El emérito tenía información a través de su abogado suizo, Dante Canónica, y de su primo Álvaro de Orleans (que dijo ser propietario de Zagatka)

Y, claro, también a través de las informaciones publicadas sobre una nueva comisión rogatoria enviada a Suiza por Campos a primeros de 2021 precisamente sobre los pagos hechos para contratar los jets privados en los que paseaba el honorífico o emérito con algunas de sus acompañantes femeninas, entre ellas como la empresaria norteamericana Carol McFadden, cuyo nombre de pila dio la idea de poner el nombre de Carol a una de las piezas del caso Tándem Villarejo. Los pagos se hicieron desde Zagatka.

Todo ello precipitó la decisión de Sánchez Junco: era necesario la regularización de los pagos de Zagatka en febrero de 2021.

Fueron, pues, ¿los empresarios que prestaron los 4 millones de euros quienes permitieron la salvación del emérito?

Aquí sí pudo haber un blanqueo de capitales. El emérito filtró en agosto de 2025 que había pagado esis prestamos. Como ya no tributa en España sino en Emiratos Árabes Unidos (EAU), será difícil conocer que ocurrió realmente.

La Fiscalía y la AEAT cocinaron el argumento para admitir la regularización no espontánea. Era muy sencillo.

He aquí la excusa: Y es que las notificaciones al emérito habían sido genéricas.

“Si lo que hubo no fue una ‘notificación’ sino un ‘aviso’, eso ya es literatura del género de la picaresca”, señala un fiscal de larga trayectoria con conocimiento de lo que la AEAT ha dicho durante años a los fiscales.

“AEAT ha probado su propia medicina. Han insistido durante años en tener la última palabra sobre el delito fiscal de modo que solo fuera delito lo que ellos decían y no lo fuera si ellos decían que no, de modo que el proceso penal fuera únicamente una herramienta de presión para conseguir el pago. Si pagas te libras, si no pagas te soltamos al brazo secular, como en la Inquisición. Al final lo consiguieron y se reformó el Código Penal para que la regularización produzca efectos de absoluta impunidad” razona este fiscal consultado por El Periódico.

Y concluye: “Pero resulta que han tenido que comulgar con ruedas de molino para salvarle la cara a Juan Carlos I. Y ahora después de hacerlo ya tenemos un precedente jurisprudencial que los demás contribuyentes/defraudadores van a esgrimir nada más asomarse un inspector de hacienda. Una espontaneidad que da risa. Y si la aplican realmente veo que los fiscales económicos tendrán que reciclarse para pasar a la especialidad de seguridad vial”.

Conclusión: No fueron los empresarios que prestaron el dinero quienes salvaron a Juan Carlos I sino la alfombra roja a la regularización que puso la Fiscalía cogida de la manita de la AEAT. Fue la regularización fiscal menos espóntanea y voluntaria que se conozca.

Aunque esta moraleja sea dura, viene a la memoria el célebre juicio a Al Capone en el Tribunal Federal de Chicago donde fue condenado en 1931 por delitos fiscales.

Dirigiéndose al juez, el delincuente fiscal -no fue juzgado por sus asesinatos- señaló: “Señoría, hay algo peor que un delincuente. Un hombre corrupto en un puesto importante. Un hombre que debe hacer cumplir la ley y que en el fondo está cogiendo pasta de gente que la incumple. Para nosotros son lo peor. Los usamos como un coste más de nuestro comercio, pero en el fondo les odiamos”.