La UCO revela que la trama corrupta en empresas de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalé: «Hijo puta el putero, ha sido pillar la casa y ha dado al botoncito»

La red de chanchullos se infiltró en la cúpula de varios ministerios: Transportes, Industria y Transición Ecológica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos protagonizada supuestamente entre otros por el empresario Víctor de Aldama pagó al exministro José Luis Ábalos el chalé de La Alcaidesa en Cádiz a fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operador.

En total, según la investigación, la trama corrupta destinó un millón de euros para comprar la voluntad del exministro y lograr las concesiones de servicios.

«Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito», le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González, según se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso Europa Press. Según los agentes, «los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro».

La UCO destaca que la adquisición de ese chalé se produjo «tras un proceso de búsqueda y selección en el que intervino activamente» el entonces asesor de Ábalos, Koldo García. De Aldama también tuvo un papel protagonista, en tanto que actuó «como intermediario entre el ministro y la organización criminal», iniciando «las gestiones necesarias para la adquisición» de la vivienda.

Portal inmobiliario

«Referente a la referida anuencia del ministro y cuál fue la contraprestación que habría pactado a través de Víctor de Aldama con Claudio Rivas, la conversación mantenida con Koldo García, el 27 de diciembre de 2020, un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el Mincotur (Ministerio de Industria y Turismo), lo esclareció», señalan los agentes.

La Guardia Civil recalca que Koldo le remitió «cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa».

En varios ministerios

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO describe «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector».

Los investigadores precisan que, «de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas».

Aldama y Rivas

La Benemérita no alberga duda de que «la máxima dirección de esta organización criminal» eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. «Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras», afirma.

Y asegura que hay «indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico».

La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con la finalidad de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos». «Todo ello a cambio de una contraprestación económica», subraya.