El panorama político español vuelve a colocarse en un punto de máxima tensión. El Gobierno de Pedro Sánchez, acostumbrado a navegar entre crisis continuas y alianzas complejas, enfrenta ahora un momento decisivo. La reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reabierto viejas heridas, agudizado las disputas entre administraciones y reavivado las dudas sobre la estabilidad del Ejecutivo. Con acusaciones cruzadas, debates encendidos y un clima político cada vez más frágil, son las Cortes quienes deberán decidir hasta dónde puede sostenerse el proyecto de Sánchez.
El fallo del Tribunal Supremo, que inhabilita al fiscal general durante dos años y lo sanciona económicamente por un delito de revelación de secretos, ha encendido todas las alarmas. No solo por la gravedad del hecho, sino porque supone un precedente histórico: es la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados.
La filtración de información sobre Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso y con causas abiertas por fraude fiscal y corrupción en negocios vinculados a la pandemia— ha desencadenado un terremoto institucional. Para unos, el tribunal actuó con rigor; para otros, las pruebas eran insuficientes. Sin embargo, el impacto político es indudable. Ayuso acusa directamente al Gobierno y al fiscal de actuar coordinadamente para dañar su imagen. Su discurso, reforzado por la sentencia, ha calado en sectores que ya desconfiaban del Ejecutivo.
Incluso dentro del bloque que sostiene a Sánchez se han escuchado advertencias. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, dejó caer que si surge una “Gürtel del PSOE”, no dudarán en retirar su apoyo. La amenaza no es menor: recuerda el propio camino que llevó a Sánchez al poder en 2018, tras una moción de censura basada en la corrupción del PP. En un giro casi irónico, hoy las sospechas de financiación irregular salpican también al PSOE, con nombres como Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán en el centro de las investigaciones, según el Diario Las Américas.
Con este clima, las Cortes se convierten en el escenario donde se juega el futuro inmediato del presidente. Su Gobierno parece apoyarse en un equilibrio frágil: no cae, pero tampoco logra consolidar una imagen sólida ante la opinión pública. Las críticas se acumulan y, mientras tanto, las acusaciones de corrupción se multiplican.
El propio Sánchez intenta minimizar las revelaciones sobre pagos en efectivo dentro de su partido, asegurando que no constituyen delito. Pero la Justicia podría no estar de acuerdo, y una sentencia contraria pondría en jaque su liderazgo.
Hoy, con los apoyos más tensos que nunca y la oposición exigiendo explicaciones, el desenlace está en manos del Parlamento. Las Cortes, una vez más, decidirán si el Gobierno continúa navegando entre la tormenta o si España se encamina hacia un nuevo ciclo político.