La decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha marcado un antes y un después en la vida política española. Al ordenar el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos —exministro y diputado del Grupo Mixto— el juez no solo atiende a lo que considera un riesgo “extremo” de fuga, sino que también traslada al Congreso la responsabilidad de gestionar las implicaciones que esta medida tendrá en su actividad parlamentaria. Puente subraya en su auto que es la Cámara Baja quien debe valorar cómo afecta esta situación al escaño del exministro, siguiendo lo establecido por su Reglamento interno.
El auto, notificado este mismo jueves, también se ha remitido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En él se recoge tanto la decisión de enviar a Ábalos a prisión como la propuesta previa de enjuiciamiento por su papel en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, pieza clave del conocido ‘caso Koldo’. El magistrado entiende que, ante las elevadas penas solicitadas —que podrían alcanzar los 30 años— y la cercanía del juicio, el riesgo de fuga ha aumentado considerablemente. Por ello, ha optado por una medida contundente: prisión provisional sin fianza. Ábalos ya ha sido trasladado a Soto del Real en un furgón policial, convirtiéndose en el primer diputado en activo en ingresar en prisión.
La defensa del exministro había insistido en que su encarcelamiento afectaría al derecho de representación política de sus votantes. Sin embargo, Puente descarta este argumento, recordando que la prisión provisional no vulnera dicho derecho por sí misma. El juez señala que aceptar esa premisa equivaldría a considerar que cualquier restricción de libertad, por grave que fuese el caso, impediría ejercer funciones representativas, algo incompatible con el marco legal vigente, según Europa Press.
La decisión ha llegado tras una mañana cargada de tensión. Ábalos entró en el Supremo temprano, solo y con una mochila de cuero, sin hacer declaraciones. En la vistilla sí tomó la palabra para asegurar que no tenía intención de fugarse, afirmando: “No tengo dinero ni a dónde ir”. Pese a ello, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, impulsadas por el PP, reclamaron su ingreso inmediato en prisión al considerar que las circunstancias del caso hacían imprescindible una medida más severa.
Fuentes admiten que el exdirigente socialista está “destrozado”, consciente de la gravedad de la situación. Durante las horas previas a conocer la decisión, se le vio visiblemente nervioso, fumando en los patios del tribunal. Ahora, el foco se desplaza al Congreso, que deberá decidir cómo afronta la actividad de un diputado que, por primera vez en democracia, ejerce su cargo desde la prisión provisional.