Consumo investiga anuncios de pisos en alquiler ofertados a precios superiores a los fijados por ley 

“El objetivo es garantizar que los consumidores dispongan de información veraz y suficiente antes de tomar una decisión”, señalan fuentes ministeriales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una investigación para detectar y erradicar anuncios de viviendas en alquiler situadas en zonas declaradas tensionadas que se ofertan a precios superiores a los permitidos por la ley en el caso de los grandes tenedores, o que no especifican el importe del último contrato de arrendamiento cuando se trata de propietarios particulares.

Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy advierten de que estas conductas podrían suponer infracciones de la normativa de consumo, al encajar en lo que se considera “prácticas desleales por engañosas”, lo que podría derivar en la imposición de sanciones. “El objetivo es garantizar que los consumidores dispongan de información veraz y suficiente antes de tomar una decisión”, señalan fuentes ministeriales.

La actuación se apoya en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que obliga a los portales inmobiliarios a mostrar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas tensionadas información “clara y accesible” sobre los criterios utilizados para fijar la renta. Entre esos datos figuran, por ejemplo, la última renta del contrato anterior en el caso de pequeños propietarios o el índice de referencia aplicable cuando se trata de grandes tenedores.

«La transparencia no es opcional»

En este contexto, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha trasladado a portales y asociaciones inmobiliarias los cambios introducidos por la nueva legislación, recordándoles sus responsabilidades como intermediarios entre arrendadores y arrendatarios. “La transparencia en la oferta no es opcional, es una obligación legal”, subrayó.

La investigación se inicia tras detectar, en el marco de la monitorización permanente del mercado de la vivienda, prácticas que podrían “infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial de viviendas en zonas tensionadas”. Hasta ahora, la Ley de Vivienda exigía facilitar esta información antes de la firma del contrato, pero la normativa actual amplía esa obligación y exige que los datos figuren ya desde el propio anuncio.