Como se sospechaba, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro socialista José Luis Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García. Ábalos se convierte de esta forma en el primer diputado en activo de la democracia española que va a la cárcel por corrupción.
Ábalos y Koldo y han llegado esta mañana al Supremo con sus respectivas mochilas en la que se supone que lleva algo de ropa y objetos personales, dando a entender que temían su traslado directo a la cárcel esta misma mañana. Los dos han llegado en transporte público y los dos saldrán del Supremo en furgones policiales en dirección a la cárcel de Soto del Real.
Fuentes consultadas afirman que está «destrozado». Durante las horas que ha estado aguardando la decisión del Supremo, el ex dirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso.
Su abogado, Carlos Bautista, ha hecho hincapié en que no hay riesgo de fuga, alegando entre otras cuestiones su estatus de diputado del Congreso. Sobre esto, también ha aducido que encarcelarle antes del juicio, sin que medie condena, supondría una vulneración de su derecho a la representación política, informa un despacho de Europa Press.
Estas fuentes añaden que el fiscal se ha mostrado especialmente contundente, sobre todo en la vistilla sobre Ábalos, donde ha llegado a decir que fue la pertenencia a un Gobierno lo que le permitió cometer esos delitos pero que «ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal». Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir la responsabilidad penal y, por eso, la Justicia se representa con una venda en los ojos», ha remachado.
El ingreso en prisión tendrá lugar horas después de que el que fuese mano derecha del presidente Pedro Sánchez haya empezado a lanzar acusaciones que implican directamente al presidente del Gobierno en maniobras políticas ocultas para asegurarse los votos en la investidura, como una reunión de Sánchez con el terrorista Otegi como líder de Bildu en un caserío vasco, encuentro que han negado desde Moncloa y desde la organización independentista.
En sus acusaciones contra sus excompañeros de partido, José Luis Ábalos ha situado también en la diana a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que acusa de haber alojado, en el domicilio del que disfruta en Madrid como ministra, «a personas sin derecho a ello».
Y el temor en el PSOE es mayúsculo de que tanto Ábalos como Koldo tiren la manta ydesvelen información que comprometa al partido, en el caso de financiación irregular, como al propio presidente Pedro Sánchez, para reducir la pena pedida por la Fiscalía. Este es el camino que siguió Víctor de Aldama, que por el momento sigue en libertad.
Al respecto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido respira «tranquilidad» de saber que «nada» de lo que diga el exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo les afecta. «Él sabrá qué estrategia de defensa coge, pero no tememos nada de lo que pueda decir», ha insistido.
En los pasillos de la Cámara Baja, López ha restado importancia a los ataques vertidos este miércoles contra el Gobierno al confirmar, citando «fuentes presenciales», que el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, se reunieron en vísperas de la moción de censura, o al acusar a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de alojar en su vivienda oficial a personas no autorizadas, señala Europa Press.
Ábalos estaba citado junto al asesor socialista Koldo García para comparecer en el Supremo en una vistilla en la que el magistrado debía decidir si modificaba las medidas cautelares de ambos de cara al juicio que se celebrará por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes del que era titular Ábalos durante la pandemia.
Las acusaciones populares lideradas por el PP pedían el ingreso en prisión de los dos por entender que existe riesgo de fuga tras con conocerse nuevas pruebas que los implican a ambos en cobros irregulares de comisiones por contratos fraudulentos. Hasta ahora las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo son la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
El magistrado acordó citarles después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares pidieran en sus respectivos escritos de acusación que se celebrara una vista para revisar las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo, es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
Las acusaciones populares ya adelantaron en su escrito que reclamarán el ingreso en prisión provisional de ambos de cara al juicio, al considerar que «existen indicios racionales de criminalidad» y una «elevada petición de pena».
En concreto, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial, informa Europa Press.
Las acusaciones inciden en que su petición para que ambos ingresen en prisión provisional es «idónea, necesaria y proporcionada» para «evitar el riesgo de fuga» de cara al juicio.
El magistrado explicó que, conforme a lo que establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las acusaciones pueden «solicitar la adopción, modificación o suspensión de cualesquiera medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en que proceda».
Con todo, el instructor avisó de que solo puede modificar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo «a petición de alguna de las acusaciones» y después de haber escuchado a las partes en la vista.
Por su parte, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han pedido que se condene a 7 años de prisión a De Aldama, al considerar que se le debe aplicar la atenuante de confesión por su «actitud colaboradora» para esclarecer los hechos y descubrir actuaciones presuntamente delictivas de Ábalos y Koldo. Para él, sin embargo, no han pedido la celebración de vista para revisar las medidas cautelares que tiene vigentes.
La vista de hoy tiene lugar después de que la defensa de Ábalos, a cargo del exfiscal Carlos Bautista, presentara un recurso para reclamar al Supremo que corrigiese la decisión del magistrado de procesarle. Según insistió, él no ha cobrado comisión alguna por los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes.
Asimismo, la defensa aseguró que el juez basó su decisión en las declaraciones que realizó De Aldama, «sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias sacadas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 marcadas manualmente en color rosa y en color verde».