El Gobierno ha planteado una subida salarial del 11% para los funcionarios durante el periodo 2025-2028, según ha confirmado este lunes el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López. La propuesta, presentada a los sindicatos, se ha diseñado teniendo en cuenta la evolución de la inflación de este año y de los próximos tres, con el objetivo de que los empleados públicos no vean reducido su poder adquisitivo.
En declaraciones a Antena 3, López destacó que el Ejecutivo mantiene una política de diálogo constante con los sindicatos y subrayó que la subida propuesta busca precisamente garantizar que los sueldos de los funcionarios se mantengan en línea con el costo de vida. “Estamos hablando de que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo, estamos hablando de la inflación para estos cuatro años”, afirmó el ministro.
La oferta, que sigue a una primera propuesta del 10% que fue rechazada, ya ha recibido el visto bueno de UGT. Desde CSIF, en cambio, se ha solicitado al Ministerio que presente una nueva oferta que permita a los más de tres millones de empleados públicos recuperar y mantener plenamente su poder adquisitivo. La reunión de este lunes con CCOO, UGT y CSIF apunta a ser decisiva para cerrar el acuerdo sobre el marco salarial plurianual que regirá hasta 2028.
Aunque la subida del 11% es el eje de la negociación, el acuerdo que se está gestando entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos incluye también otras medidas relacionadas con las condiciones laborales. Entre ellas se encuentran la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y los servicios públicos, así como medidas de igualdad y no discriminación.
Según explicaron los sindicatos, la propuesta contempla que la subida salarial se distribuya a lo largo de los cuatro años, sin que los aumentos anuales superen el 4% entre 2025 y 2026. De esta manera, se busca garantizar un incremento gradual y sostenible que proteja tanto a los empleados públicos como a las finanzas del Estado.
Con esta oferta, el Gobierno pretende cerrar un capítulo clave en la negociación con los sindicatos, demostrando su compromiso con la estabilidad laboral y la justicia salarial en la función pública, mientras se asegura de que los salarios evolucionen en consonancia con la inflación y las necesidades del país.