El próximo martes será 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como ya se hizo costumbre, los actores que encabezan instituciones públicas y privadas realizarán eventos y/o escribirán mensajes en redes sociales para difundir su compromiso con esta lucha. Pero, al mismo tiempo, miles de mujeres marcharan por las principales calles de la República para denunciar lo que es un hecho: la violencia contra las niñas y mujeres no disminuyó, sólo cambio de rostro, de feminicidios a desapariciones forzadas. Como si fuera una broma macabra, todo parece indicar que se cumple ese dicho sobre que “sin cuerpo no hay delito”, ya que si es desaparición, no cuenta ni como homicidio doloso ni como feminicidio.
Las desapariciones forzadas en México no son una novedad, pero sí lo es el incremento exponencial desde que gobierna Morena, sobre todo el de las desapariciones de niñas y mujeres. Así lo demuestran los mismos datos oficiales y los análisis de diversas organizaciones de la sociedad civil. Esta situación pone en tela de juicio la narrativa de una Cuarta Transformación que dice tener en el centro de sus políticas públicas velar por los derechos humanos del pueblo, pero, sobre todo, pone en evidencia los nocivos resultados del fracaso de la política de seguridad pública y ciudadana implementados en el sexenio anterior.
Ciertamente, no podemos decir que la narrativa oficial sea la misma entre aquel y este sexenio. Por lo menos así se ve si comparamos los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de Andrés Manuel López Obrador con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, que coloca la violencia contra las mujeres en el centro del eje transversal de igualdad, y promete un “cambio cultural” para erradicar las violencias en razón de género; además, el presupuesto aprobado para el ejercicio 2026 distingue un incremento con respecto al de 2024 de casi 40% de recursos en el anexo 13 para ejecutar los programas relacionados con el tema, bajo la coordinación de la nueva Secretaría de la Mujer (ahora que desaparecieron el Conavim). Sin embargo, mientras el gobierno reinventa el discurso en voz de la primera Presidenta mujer, con un objetivo claro y más pesos etiquetados, la realidad se impone y crecen las paredes llenas de fichas niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.
Esta aporía revela los límites de la respuesta estatal, porque si bien es cierto, el PND, los programas y el presupuesto responden a un tipo de problemática de la violencia contra las mujeres generada por la desigualdad de género y la cultura de la discriminación, la desaparición de mujeres se decide en otra arena: en el territorio donde manda el crimen organizado, y en donde por colusión u omisión, las instituciones de seguridad y justicia siguen siendo incapaces de prevenir, investigar y sancionar.
El dato más incómodo, pero necesario de señalar en esta fecha es que, el género de quien gobierna no garantiza mayor seguridad para las niñas y mujeres. Desde 2024, 13 mujeres gobiernan en el nivel estatal, pero no por eso hay mejores resultados en esta materia, por el contrario, en varias de esas entidades se incrementó mayormente la desaparición de niñas y mujeres, quizá porque lo que falla no se deriva de quien gobierna, sino el diseño del mismo modelo de política de seguridad: presencia militar como respuesta casi única a la inseguridad, fiscalías saturadas o capturadas, comisiones de búsqueda débiles, alertas tardías, impunidad y carpetas de investigación que no avanzan, etcétera.
Así, aunque la narrativa oficial de la mayoría que gobierna la República se tiña de morado y se multipliquen las referencias a los derechos de las mujeres, las rutinas de toma de decisiones siguen siendo, en lo esencial, las mismas y los resultados de mal en peor. Porque la cuestión ya no es sólo cuántas mujeres llegan al poder, sino qué pueden decidir los gobiernos estatales (hombres y mujeres) y qué impacto tienen esas decisiones en la vida de las niñas y mujeres.
*Por su interés reproducimos este artículo de Ruth Zavaleta Salgado publicado en Excelsior.