El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado este jueves la aprobación en el Congreso de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Para él, se trata de una «victoria histórica» para los consumidores españoles. La norma, que ahora seguirá su trámite en el Senado, promete cambiar la manera en que las empresas atienden a la ciudadanía.
Bustinduy destacó que la ley garantizará derechos básicos que antes eran casi imposibles de exigir. Entre ellos, que todas las consultas telefónicas se resuelvan en menos de tres minutos. También se acabará con las llamadas comerciales no deseadas, las renovaciones automáticas de suscripciones y las reseñas falsas en internet. «Son medidas que van a facilitar la vida de millones de personas», aseguró el ministro.
La ley afecta a empresas grandes, con más de 250 trabajadoras, más de 50 millones de facturación o que prestan servicios de interés general. Incluye la obligación de ofrecer atención en todas las lenguas cooficiales y de permitir que el cliente pueda hablar con una persona real en menos de tres minutos. Además, fija plazos claros para resolver reclamaciones: quince días como máximo, y cinco en casos de cobros indebidos, según Europa Press.
Uno de los puntos más innovadores de la ley es la regulación de reseñas online. A partir de ahora, sólo se podrán publicar opiniones dentro de los treinta días posteriores a la compra de un producto o servicio. Las empresas podrán responder y solicitar la eliminación de reseñas falsas. Esto refuerza la confianza de los consumidores y reduce el fraude en las valoraciones digitales.
La norma también pone fin a prácticas comerciales abusivas. Los precios mostrados al inicio de una compra serán los finales, evitando cargos sorpresa. Además, se obligará a avisar con al menos 15 días de antelación sobre cualquier renovación automática, permitiendo al usuario decidir si quiere continuar con la suscripción.
El Congreso aprobó la ley con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y UPN. Para Bustinduy, esta legislación es más que un texto legal; es un paso firme hacia un consumo más justo, transparente y humano. «Se trata de devolverle el poder al ciudadano frente a empresas que antes no tenían obligaciones claras», subrayó el ministro mientras salía de los pasillos de la Cámara Baja.
Con esta ley, España se pone a la vanguardia en protección al consumidor, buscando que cada interacción entre empresa y ciudadano sea clara, rápida y respetuosa.