El 70% de los españoles vive en municipios donde la temperatura ha aumentado ya 1,5 ºC desde 1960, según Oxfam Intermón. Más de la mitad de esos municipios tienen rentas por hogar inferiores a la media. Son datos del informe “Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa”, que la ONG publica este miércoles.
Advierte la investigación que las personas con menos recursos son las más expuestas al calor extremo, la pobreza energética y los desastres climáticos. Al mismo tiempo, las grandes fortunas y corporaciones siguen impulsando un modelo insostenible que agrava tanto la crisis ambiental como la social.
Con motivo de este estudio, Oxfam Intermón pide al Gobierno que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática incluyan un enfoque más ambicioso de justicia climática y social.
Según la ONG en una información recogida por Europa Press, en 2022 el 0,1% más rico de la población emitió 55 veces más carbono que una persona del 50% con menores ingresos. Además, el 1% con mayores rentas consumió 45 veces más del presupuesto de carbono que le correspondería para mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 ºC fijado por el Acuerdo de París.
El informe también señala que las compañías del IBEX 35 son responsables del 30% de las emisiones directas en España. Su actividad, según Oxfam Intermón, contamina tres veces más de lo que contribuye al crecimiento económico. Solo cinco empresas, cuatro del sector energético y una del transporte aéreo; concentran buena parte de esas emisiones y generan más de una cuarta parte del total nacional.
Asimismo, la organización subraya, además, que mujeres, jóvenes, personas mayores, comunidades migrantes, personas racializadas y hogares con bajos ingresos son los más vulnerables al cambio climático. Más de un tercio de la población no puede mantener una temperatura adecuada en verano por falta de recursos o por la ineficiencia energética de sus viviendas, según datos del INE.
Oxfam Intermón alerta también de que las subvenciones para rehabilitación energética resultan poco accesibles para los hogares con rentas bajas, lo que perpetúa la brecha social y la pobreza energética. Más de un millón de viviendas se encuentran en zonas de riesgo de inundación, muchas de ellas con rentas inferiores a 30.000 euros anuales. La organización recuerda el impacto de la DANA de Valencia en 2024 como ejemplo de esa vulnerabilidad.
Para Oxfam Intermón, la transición energética representa una oportunidad histórica para corregir desigualdades estructurales y avanzar hacia un modelo más inclusivo y sostenible. La ONG pide al Ejecutivo que redistribuya el esfuerzo en la reducción de emisiones en función de la huella de carbono y la capacidad económica de cada grupo social y territorio. Quienes más contaminan y más se benefician del modelo actual deben asumir una mayor responsabilidad.
También reclama inversión en adaptación y eficiencia energética, especialmente en vivienda social, transporte público y energía asequible, para que la lucha climática no agrave las desigualdades. Propone además una reforma fiscal verde que grave a los superricos y a los grandes contaminadores, elimine los subsidios a los combustibles fósiles y refuerce la protección social de los colectivos vulnerables.
Por último, la ONG insiste en la necesidad de escuchar a la ciencia, garantizar una participación ciudadana real en las decisiones sobre energía y clima, y regular la influencia del poder corporativo en las políticas medioambientales. Concluye la autora del informe, Lourdes Benavides:
«La transición energética es una oportunidad para construir un país más justo y resiliente. Invertir hoy en adaptación, transición y equidad climática no es solo una cuestión de justicia. Es una cuestión de supervivencia»