Extorsión: el crimen silencioso que desangra a México

México necesita reconstruir la confianza y devolver la certeza a quienes todos los días generan empleo, pagan impuestos y sostienen la economía nacional

La extorsión y el cobro de derecho de piso se han convertido en una de las amenazas más devastadoras y menos denunciadas de México. Lo que hace algunos años parecía un problema regional, hoy se ha propagado como una epidemia que golpea a empresarios, comerciantes, transportistas y ciudadanos de todo el país. Su crecimiento es brutal. Su costo humano y económico, incalculable.

Este delito, que combina violencia, intimidación y control territorial, se ha transformado en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. En sectores como el comercio, la construcción, el transporte y los servicios, el cobro de piso y la extorsión telefónica han paralizado inversiones, cerrado negocios y sembrado miedo en miles de familias mexicanas.

Más allá de las cifras, el impacto social es profundo: destruye empleos, desintegra comunidades y erosiona la confianza en el Estado. Cada empresario que cierra su negocio, cada familia que emigra o cada trabajador que pierde su fuente de ingreso por no poder pagar “la cuota”, representa una derrota frente a la impunidad.

Por ello, la reciente aprobación de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Extorsión marca un momento histórico. Esta iniciativa, impulsada, con visión, tenacidad y compromiso por la Senadora Juanita Guerra Mena, abre una nueva etapa en la lucha contra este crimen silencioso. Su liderazgo ha sido clave para colocar el tema en la agenda nacional y construir los consensos necesarios para avanzar hacia una legislación moderna y efectiva.

Una nueva era

Una Ley General contra la Extorsión permitirá homologar definiciones y sanciones, fortalecer la investigación financiera y digital, y garantizar que las víctimas reciban protección y justicia real. No basta con endurecer las penas: es indispensable crear mecanismos de prevención, denuncia segura y reparación del daño.

El reto no será menor. Combatir la extorsión exigirá coordinación entre niveles de gobierno, inteligencia tecnológica, colaboración ciudadana y, sobre todo, voluntad política. México necesita reconstruir la confianza y devolver la certeza a quienes todos los días generan empleo, pagan impuestos y sostienen la economía nacional.

Esta ley no resolverá de inmediato el problema, pero sí puede marcar el inicio de una nueva era: una en la que la extorsión deje de ser un crimen invisible y el Estado recupere su capacidad de proteger a quienes hacen posible el desarrollo de México.

Desde COPARMEX y todos los organismos empresariales  impulsamos esta iniciativa desde la pasada Legislatura y nos congratulamos porque finalmente el Congreso Legisle al respecto.

*Por su interés reproducimos este artículo de Armando Zúñiga Salinas publicado en Excelsior.