El juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha comenzado con una gran expectación mediática y política, al tratarse del primer caso en la historia de España en que un fiscal general se sienta en el banquillo. García Ortiz está acusado de haber filtrado un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que este proponía un acuerdo a la Fiscalía para evitar ir a prisión por un presunto delito de fraude fiscal. La acusación sostiene que dicha filtración vulneró la confidencialidad y buscó influir en la opinión pública.
Durante un receso del juicio, el fiscal general regresó por unos minutos a su despacho en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde fue recibido con una calurosa ovación. Decenas de trabajadores lo esperaban en el patio central del edificio y lo rodearon entre aplausos que se prolongaron durante varios minutos. Sorprendido por el gesto, García Ortiz respondió lanzando besos a sus compañeros, un episodio que ha sido interpretado como una muestra de apoyo interno en medio de un proceso judicial sin precedentes.
El juicio, que se prevé dure dos semanas, contará con la declaración de hasta 40 testigos, incluidos fiscales, periodistas y políticos. Entre los primeros en comparecer está el propio Alberto González Amador, figura central del caso por los correos supuestamente filtrados. La declaración más esperada será la del propio García Ortiz, programada para el 12 de noviembre, quien se enfrenta a una posible pena de hasta seis años de prisión y ha reiterado su inocencia.
Una de las declaraciones más destacadas en los primeros días del juicio ha sido la de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Lastra relató un tenso intercambio con García Ortiz en el que, según su testimonio, le preguntó directamente si había filtrado los correos de la pareja de Ayuso. Según ella, el fiscal respondió con evasivas: “Eso ahora no importa”, una frase que asegura le quedó “grabada en el alma”. Su declaración ha generado un notable impacto por el tono emocional y la cercanía profesional entre ambos.
No obstante, Lastra matizó ante el tribunal que pudo haber incurrido en un lapsus al referirse a los correos en lugar de a la nota de prensa sobre el caso, a la que en realidad se refería la conversación. Explicó que el fiscal general le pidió rapidez en la publicación de dicha nota, pero que ella solicitó tiempo para revisarla antes de difundirla. Más tarde, tras otra llamada de García Ortiz, habría aceptado que se enviara la comunicación a través de la Fiscalía Provincial de Madrid, aunque aclaró que no asumía su contenido.
El proceso judicial, que ha generado una fuerte polarización política y mediática, se perfila como un momento decisivo para la credibilidad de la Fiscalía española. Mientras los defensores de García Ortiz sostienen que se trata de una persecución política, sus críticos consideran que el caso pone en cuestión la independencia y transparencia de la institución. El desenlace de este juicio marcará un precedente histórico sobre los límites éticos y legales del máximo representante del Ministerio Público.