El 80% de los abortos en España se realizan en clínicas privadas pese a estar financiados por la sanidad pública

El Ministerio de Sanidad ya ha advertido a las comunidades autónomas de que emprenderá acciones legales si no aseguran el acceso al aborto

El informe El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho, elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes con apoyo del Instituto de las Mujeres, alerta de que el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en centros privados acreditados, a pesar de estar financiados por el sistema público de salud. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó el estudio este jueves y denunció que esta externalización supone uno de los principales obstáculos para garantizar este derecho.

El documento señala que, pese a los avances legales de los últimos años, persisten “barreras estructurales” que impiden la plena integración de la IVE en la sanidad pública. Estas dificultades se agravan por las competencias autonómicas, que generan notables desigualdades territoriales. En palabras de Redondo, comunidades como Madrid han apostado por la externalización total del servicio, lo que vulnera la Constitución al no garantizar el mismo acceso en todo el país.

El informe destaca que mientras algunas regiones cuentan con una red pública significativa, en otras la totalidad del servicio se deriva a clínicas privadas. Esta disparidad geográfica obliga a muchas mujeres a largos y costosos desplazamientos, lo que limita la equidad en un derecho sanitario básico.

Acciones legales

El Ministerio de Sanidad ya ha advertido a las comunidades autónomas de que emprenderá acciones legales si no aseguran el acceso al aborto, ante la detección de trabas “geográficas, administrativas y organizativas”. El estudio subraya que el acceso depende de convenios con clínicas privadas y de la voluntad política de cada territorio, lo que perpetúa la desigualdad.

Como solución, la Federación Mujeres Jóvenes propone la creación de unidades de Atención Sexual y Reproductiva en los hospitales públicos, que integren la IVE como un servicio más. Mientras se avanza en este objetivo, piden que se financien los desplazamientos y gastos asociados en los casos donde aún persistan desigualdades, y que al menos exista un hospital público por provincia que realice interrupciones del embarazo en todas sus modalidades.