Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla recibirán 22 millones para programas de atención a menores migrantes

El Gobierno destina fondos extraordinarios para reforzar la protección y los servicios sociales en territorios con mayor presión migratoria.

El Gobierno y las comunidades autónomas han dado un paso importante para mejorar la atención a menores migrantes no acompañados. Este miércoles 24 de septiembre, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada de manera telemática, se aprobó un crédito extraordinario de 22 millones de euros.

Los fondos se repartirán entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, territorios que acogen un número creciente de niños y adolescentes que llegan sin acompañamiento familiar. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presidenta de la Conferencia Sectorial, destacó que el Ejecutivo quiere garantizar que “todos los recursos necesarios” estén disponibles para las administraciones autonómicas. El objetivo es que los sistemas de acogida sean sostenibles y que siempre se priorice el interés superior de los menores. La transferencia de estos fondos se realizará próximamente a través del Ministerio de Juventud e Infancia, según ha publicado Europa Press.

Planes y medidas para la reubicación

Más allá del apoyo económico, el Gobierno trabaja en medidas estructurales. Entre ellas, el desarrollo de un real decreto-ley destinado a facilitar la reubicación de niños y adolescentes desde Canarias, Ceuta y Melilla, zonas declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria. La idea es distribuir de manera equilibrada la responsabilidad entre diferentes territorios del país y ofrecer a estos menores una atención integral, con educación, vivienda y acompañamiento psicológico.

El incremento de la llegada de menores migrantes ha puesto a prueba los sistemas locales de acogida, especialmente en las islas y las ciudades autónomas. Con este nuevo fondo, se busca aliviar la presión sobre los recursos existentes y mejorar la calidad de la atención. La ministra Rego resaltó que el trabajo coordinado entre Gobierno y comunidades autónomas es clave para que los programas funcionen de manera eficiente y que los niños, niñas y adolescentes puedan tener un entorno seguro y estable.

En definitiva, esta iniciativa combina inversión inmediata y planificación a largo plazo. La meta es garantizar que todos los menores migrantes reciban la protección y el apoyo que necesitan, mientras se fortalece la capacidad de los territorios para gestionar estas situaciones de forma sostenible y humana.