¿Por qué el juez Puente vaticina tras conocer el informe de la UCO sobre los audios que Cerdán podría no agotar en la cárcel el plazo de 6 meses?

La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, que presentará su propio informe pericial sobre los audios la semana próxima, detecta que la los peritos de la Guardia Civil admiten “edición” posterior a la realización de las grabaciones, ausencia de metadatos y “escucha crítica” incompleta

ERNESTO EKAIZER

Santos Cerdán recibió una mala noticia y otra buena el pasado miércoles 17 de septiembre. La mala es que permanece -en respuesta a la solicitud de libertad- en la madrileña cárcel de Soto del Real. La buena: que la podría abandonar antes de que termine el periodo máximo de seis meses – el 30 de diciembre de 2025- que permite la ley para los encarcelados preventivamente ante el riesgo de que puedan destruir pruebas de los delitos que se les imputa.

Ese mismo día, también los peritos especialistas del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, aportaron al juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y a las partes personadas en esta causa, otras dos noticias también de signo opuesto.

La mala es que la conclusión del informe pericial sobre los audios -principal prueba contra Cerdán- es que “del análisis y estudio realizado no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS [sistema operativo móvil creado por Apple para sus dispositivos como el iPhone, iPad y iPod Touch] relacionados con la aplicación Voice Memos y los audios objeto de estudio”.

La UCO consiguió un éxito de comunicación con esta escueta conclusión final que los medios de comunicación han presentado como la “autentificación” o certificación de autenticidad de las grabaciones en las que aparecen las voces de los tres imputados.

Pero en el curso del informe se mencionan detalles que la defensa de Cerdán -a la espera de un informe pericial de un conocido experto de Alicante la semana próxima- considera positivos para los argumentos que sostienen, en el sentido de que hay agujeros que pueden invalidar esta prueba.

Cerdán reconoce que se trata de su voz – aunque no se le menciona por su nombre-, pero afirma a sus propios letrados que no recuerda haber dicho lo que allí se recoge sobre adjudicaciones de obras y pagos a Koldo y Ábalos, unos pagos que han llevado a la UCO a calificarle como El Jefe de la presunta banda criminal, razón por la que es el único de los tres al que el juez Puente envió el 30 de junio a prisión preventiva. Esa fue lo que dijo al responder a las preguntas de su letrado Benet Salellas.

En la resolución que mantiene a Cerdán preso, el juez Puente señala que es “lo cierto que las investigaciones acerca de la precisa situación patrimonial del señor Cerdán no han concluido. Determinadas faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancarios determinaron la necesidad de requerir informaciones complementarias, que han sido muy recientemente aportadas a la causa”.

Además, señala, resultaba –y resulta todavía– preciso profundizar en
los eventuales vínculos económicos que pudieran existir entre la empresa Servinabar 2000 y el señor Cerdán o su círculo personal próximo [una insinuación a los miembros de su familia relacionados con trabajos en dicha empresa constructora], lo que comporta la realización de complejos análisis documentales que, en cierta medida, podrían ocultase o alterarse todavía”.

Según el juez “existe ese mismo riesgo, más acusadamente, con respecto a las posibles relaciones económicas y/o personales que Cerdán o Servinabar 2000 pudieran mantener o haber mantenidas con personas concretas que vinieran actuando en nombre de Acciona”.

Ahora mismo, afirma el instructor se está en esto: “En el esclarecimiento de estos hechos se trabaja arduamente y avanza la investigación en las indicadas direcciones. Pero aún no ha concluido, siquiera en sus aspectos esenciales. La ‘posición funcional’ de Cerdán [su jefatura] determina que los Sres. [José Luis] Ábalos y [Koldo] García, pudieran desconocer, acaso, quien o quienes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la
empresa favorecida por la adjudicación, –Acciona Construcción actuando en Unión Temporal de Empresas.–, realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos, y cuál el mecanismo por cuya virtud se concretaban, limitándose a recibir lo comprometido cuándo el Sr. Cerdán distribuía con ellos los beneficios”.

Ahora bien, Puente, un hombre que procede de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, muestra su preocupación por la situación de prisión preventiva.

“Sirva concluir, sin embargo, esta resolución señalando que el instructor es bien consciente del efecto gravemente aflictivo que, en este como en cualquier otro caso, inevitablemente comporta la medida cautelar acordada, como también de la tensión que la misma mantiene
siempre con el derecho fundamental a la presunción de inocencia”. Y es aquí que realiza un anuncio ciertamente inusual.

“En ese entendimiento, no es solo que el plazo límite máximo de la prisión provisional no haya sido sobrepasado (frente a lo que proclama la defensa del Sr. Cerdán) sino que previsiblemente no será necesario agotarlo”.

Fuentes jurídicas señalan que la ausencia de metadatos o fichas que aportan información sobre la secuencia de las grabaciones es relevante.
“Los metadatos quizá no te dan quién es el autor sí quien ha sido el que la ha difundido en último lugar. Y el hecho de que Koldo García no haya reconocido en sede judicial ser el autor de las grabaciones es un dato a tener en cuenta porque no son grabaciones ordenadas por una autoridad judicial, sino que serían presuntamente espontáneas, llevadas a cabo por un particular. Es esencial que ese particular reconozca que ha sido el autor, sobre todo si no están los metadatos que pudiesen decir quien al menos las difundió. Eso deja las grabaciones en el aire. Pero quizá este tema es interesante para el juicio ora”, señala un penalista consultado.

El foco, según dichas fuentes, debería estar en dos asuntos. El dinero y las presuntas pruebas a destruir.

“Es inconcebible que destruya pruebas si sale en libertad y que no lo haya hecho antes de entrar en prisión o desde ella. Las que están en los registros oficiales (Agencia Tributaria, Registro Mercantil y otras instituciones oficiales) no son destruibles, Y luego tenemos las pruebas ocultas. Hablamos de dinero en efectivo que tengas en. tu casa. El instructor lo ha descartado registrar su domicilio en Madrid. La causa llevaba instruida más de un año y ninguno de los investigados iban a tener el dinero esperando a la UCO Luego la familia de Cerdán le dice al instructor, oye que nos mudamos. No se hace registro ni se controla la mudanza. Las pruebas ocultas están descartadas, pues, desde el inicio. El fiscal dice que se puede comunicar con otros implicados. Pero eso no es una prueba. Es un derecho de defensa”, señala la fuente consultada.

El enigma del caso Cerdán, pues, continúa. Máxime cuando el juez Puente ha especulado el 30 de junio que puede haber amasado 5 millones de euros.

A ver.