La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, declaró este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación por presunta malversación vinculada a la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Durante su comparecencia, explicó que Álvarez se ocupa de funciones logísticas y organizativas, como gestionar su agenda y acompañarla a actos oficiales. También reconoció que en contadas ocasiones le hizo algún “favor” excepcional, como el envío de un correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.
La declaración se limitó a cinco minutos, en los que Gómez respondió únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro Antonio Camacho. No atendió ni al juez, ni a la Fiscalía, ni a las acusaciones populares. Su defensa insiste en que no existe malversación, ya que los “favores” realizados por Álvarez fueron puntuales y en el marco de una relación laboral y personal de confianza.
El correo más relevante en la causa es uno enviado en febrero de 2024 por Álvarez a una directiva de Reale, en el que transmitía un mensaje de Gómez sobre el patrocinio de la cátedra. La defensa subraya que estas actuaciones no pueden considerarse como desvío de fondos públicos, ya que forman parte de la disponibilidad exigida a su asesora, contratada con carácter eventual y con dedicación permanente.
La investigación del juez Peinado busca determinar si, más allá de sus funciones oficiales, Álvarez realizó gestiones privadas para la esposa del presidente con recursos del Estado. Por ello, ha solicitado a la Guardia Civil (UCO) que analice los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta oficial de Gómez en Presidencia desde 2018. Sin embargo, la defensa ha recurrido esa medida, argumentando que es desproporcionada y vulnera derechos fundamentales al abarcar siete años de comunicaciones.
La comparecencia de Gómez se desarrolló bajo un fuerte protocolo de seguridad, como en ocasiones anteriores. Es la cuarta vez que acude a declarar ante el juez, aunque en citas previas se había acogido a su derecho a guardar silencio o solo respondió a su abogado. La causa se ha ido ampliando con nuevas ramas a medida que se incorporan denuncias y querellas de colectivos como Manos Limpias, Hazte Oír y Vox.
Actualmente, Gómez está investigada por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo. El caso se originó en abril de 2024 tras una denuncia por presunto aprovechamiento de su condición de esposa del presidente para favorecer a empresarios en licitaciones públicas. En paralelo, la Audiencia Provincial de Madrid tiene pendientes de resolver ocho recursos sobre esta causa, lo que refleja la complejidad y alcance de la investigación en curso.