Andalucía y Cataluña serán las grandes protagonistas de la próxima condonación de deuda que aprobará el Gobierno. Según el Ministerio de Hacienda, el Estado asumiría 18.791 millones de euros de la deuda andaluza y 17.104 millones de la catalana. Juntas, representan más del 43% del total de los recursos destinados a esta medida, que alcanzará hasta 83.252 millones de euros.
Esta iniciativa surge tras el acuerdo entre PSOE y ERC para aliviar la deuda de Cataluña, pero estará abierta a todas las comunidades que decidan acogerse. Cada gobierno regional deberá decidir si acepta o no la propuesta. Tras Andalucía y Cataluña, las comunidades más beneficiadas serían Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, mientras que otras regiones recibirían cantidades menores. Euskadi y Navarra, al no pertenecer al régimen común, buscan fórmulas similares a través de sus sistemas forales.
El plan se presentará como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros y seguirá su recorrido parlamentario en las Cortes Generales. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero, las comunidades del PSOE apoyaron la medida, mientras que las del PP se levantaron de la reunión. Hacienda interpreta esta postura como una abstención, aunque algunos socios parlamentarios aún muestran reservas sobre que la condonación sea extensible a todas las regiones, según ha informado Europa Press.
El cálculo de la condonación sigue un método en tres fases. Primero, se analiza el diferencial de endeudamiento entre 2009-2013 y 2019-2023, resultando en una condonación media del 19% de la deuda vigente a finales de 2023. La segunda fase busca corregir desigualdades, otorgando un porcentaje adicional a las comunidades que quedan por debajo de la media.
Finalmente, se aplican ajustes para garantizar mayor equidad. Por un lado, se iguala la condonación por habitante ajustado con la referencia de la Comunidad Valenciana, la que registra la mayor condonación per cápita. Por otro, se concede un porcentaje extra a las comunidades que han ejercido competencias normativas sobre el IRPF por encima de la media. Estas acciones buscan equilibrar el reparto y minimizar posibles agravios entre territorios.
En conjunto, el plan del Gobierno no solo representa un alivio económico importante para las regiones más endeudadas, sino también un intento de distribuir la ayuda de manera proporcional y justa. Andalucía y Cataluña encabezan la lista, pero todas las comunidades podrán beneficiarse según sus necesidades y decisiones políticas.