El plan contra las estafas telefónicas y los mensajes fraudulentos, puesto en marcha por el Gobierno en marzo, ha logrado bloquear casi 48 millones de llamadas y más de 2,2 millones de SMS. Así lo ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que califica los resultados de “espectaculares”.
En la primera fase del plan, iniciada el 7 de marzo, se bloqueaban unas 235.600 llamadas y 10.000 mensajes de texto al día. A partir de junio y julio, con la entrada en vigor del segundo paquete de medidas, los bloqueos diarios aumentaron significativamente. Las llamadas interceptadas alcanzaron las 434.915 diarias y los SMS, los 18.666. Según el ministro, esto supone un incremento del 85% en llamadas bloqueadas y un 87% en mensajes.
«Desde el 7 de marzo se han bloqueado 47.971.400 llamadas falsas y más de 2.200.000 SMS», ha detallado López en rueda de prensa. Además, ha explicado que la mayoría de estas comunicaciones fraudulentas proceden del extranjero, pero simulan tener origen en números españoles para engañar al receptor, según informa Europa Press.
El plan obliga a los operadores a bloquear llamadas y mensajes que utilicen numeración no atribuida, asignada o adjudicada, incluidas las numeraciones vacías. Desde el 7 de junio, también deben bloquear llamadas y SMS internacionales que aparentan proceder de números españoles, salvo cuando el cliente se encuentra en roaming (uso del móvil en el extranjero a través de redes de otros operadores).
Otra de las medidas previstas es la creación de una base de datos con códigos alfanuméricos verificados. Esta medida, que entrará en vigor en 2026, permitirá identificar de forma segura a entidades como bancos, administraciones públicas o empresas que usan etiquetas en lugar de números en sus mensajes. La verificación estará a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
“En ocasiones, los ciudadanos reciben SMS supuestamente de Correos o de la DGT, pero en realidad son intentos de suplantación. Esto afecta tanto a organismos públicos como a empresas privadas”, advierte López.
Por ello, el Gobierno trabaja en el desarrollo técnico de esta herramienta para reforzar la protección frente al fraude digital.