El Congreso pagó a Ábalos más de 750.000 euros por rendimientos del trabajo y dietas

El Supremo busca determinar si hubo alguna irregularidad en el manejo de los fondos públicos o en las declaraciones económicas del exministro

El Congreso de los Diputados ha comunicado al Tribunal Supremo que entre 2014 y 2024 pagó al exministro José Luis Ábalos un total de 751.421,56 euros en concepto de rendimientos del trabajo, dietas y otros pagos. Esta respuesta se dio a raíz de una solicitud del magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, quien detectó inconsistencias entre los datos de Hacienda y los movimientos bancarios del exdirigente socialista.

La cifra proporcionada por el Congreso coincide prácticamente con la que ofreció Hacienda —751.421,57 euros—, lo que en un principio parecía confirmar la información oficial. Sin embargo, el problema surgió al contrastarla con los datos de las cuentas bancarias de Ábalos, a las que tuvo acceso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde solo figuraban ingresos por 79.841,74 euros en ese mismo periodo.

Este importante desfase en los datos fue el motivo por el cual el magistrado Puente pidió al Congreso que aclarara todos los pagos realizados a Ábalos entre 2014 y 2024. También solicitó explicaciones al PSOE, debido a inconsistencias similares en las donaciones que el exministro supuestamente hizo al partido: Hacienda reflejaba aportaciones por 44.729,29 euros, pero sus cuentas bancarias solo mostraban 8.471,36 euros.

Dietas de viajes

En la documentación remitida por el Congreso se incluyen además 2.745,26 euros en gastos de viajes oficiales realizados por Ábalos entre 2016 y 2023. Estos viajes incluyeron misiones internacionales y visitas de trabajo dentro de España como parte de su actividad parlamentaria.

Entre los desplazamientos más destacados figuran misiones con la OSCE a Georgia y Montenegro (2016), y viajes a Ginebra y Nueva York en 2018 por actividades interparlamentarias. También se incluyen visitas relacionadas con seguridad interior en Melilla, Madrid y Guadalajara en 2022 y 2023.

Con esta información, el Tribunal Supremo busca determinar si hubo alguna irregularidad en el manejo de los fondos públicos o en las declaraciones económicas del exministro. Las discrepancias entre las cifras oficiales y los movimientos reales en las cuentas bancarias han generado sospechas que ahora están bajo investigación judicial.