Durante los primeros tres meses de 2025, los órganos judiciales españoles recibieron un total de 47.865 denuncias por violencia de género, lo que representa un incremento del 4,28% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
A pesar del aumento en las denuncias, el número de mujeres que denunciaron como víctimas (43.586) apenas varió en comparación con el primer trimestre de 2024, con un incremento mínimo del 0,04%. Esto refleja que, de media, se registraron 484 víctimas y 532 denuncias al día entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025.
Del total de mujeres víctimas, el 61,91% eran españolas y el 38,09% extranjeras. Además, se identificaron 115 menores como víctimas (hijos de las mujeres agredidas), de los cuales el 72,17% tenían nacionalidad española, lo que muestra la persistente implicación de menores en situaciones de violencia de género.
La tasa nacional de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 17,6. Las comunidades con tasas superiores fueron Navarra (28,8), Baleares (23,2), Comunidad Valenciana (23), Canarias (21,9), Murcia (20,6), Andalucía (19,5) y Madrid (18,9). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (11,1), Galicia (12) y otras comunidades del norte y centro del país.
En cuanto a la disposición a declarar, 4.913 mujeres (el 11,2% del total) se acogieron a la dispensa legal para no testificar contra su agresor. De ellas, 2.725 eran españolas y 2.188 extranjeras. Sin embargo, el informe aclara que estos datos no son comparables con años anteriores debido a nuevos métodos estadísticos implementados para mejorar la calidad de la información.
Respecto al origen de las denuncias, el 70,49% fueron presentadas directamente por las víctimas. Solo el 1,87% procedió de familiares, el 7,41% de partes de lesiones y el 3,03% de servicios de asistencia u otras personas. Estos datos refuerzan la importancia del papel activo de la víctima en el proceso de denuncia y revelan la escasa participación de terceros en la detección y notificación de estos casos.